Unas 25 personas participaron en la tarde de ayer en la concentración convocada por la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus (Anvac) ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. El colectivo, liderado en la Isla por Alfonso Caride Maestre, pretende servir de apoyo a los familiares de personas fallecidas por esta enfermedad, así como a ciudadanos que se han visto perjudicados por las consecuencias de la misma. Los responsables de esta plataforma, creada a nivel nacional a mediados de marzo, están convencidos de la gestión de la pandemia en el país ha sido "nefasta" y que eso ha supuesto un incremento considerable de las muertes y, además, agravará la crisis económica.

Caride Maestre, que asegura que perdió a su exsuegro, manifiesta que en España no han fallecido más de 32.000 personas, como aseguran las fuentes oficiales, sino que la cifra real se eleva a 53.000. Niega que este último dato se lo inventen los representantes de su organización, sino que se basa en la "información ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Carlos III y el Momo" (el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad Diaria). "Y estos estamentos son tan oficiales como el propio Gobierno", apunta.

En su opinión, en muchos casos de personas fallecidas, las pruebas que arrojaron positivo llegaron después de que hubieran muerto y en su certificado de defunción pusiera que habían perecido por "bronconeumonía, problemas respiratorios o por una parada cardíaca, por ejemplo". "Y cambiar el sentido de un certificado de defunción es un trámite muy tedioso", señala Alfonso Caride. Y a eso añade también los casos de las "víctimas que, de forma inmediata, fueron incineradas", es decir, sin posibilidad de que se les hiciera la prueba o no para conocer si estaban infectadas.

Los asistentes al evento en la capital tinerfeña se situaron en la calle peatonal Viera y Clavijo. Caride recordó que "estamos aquí para hacer un sencillo homenaje a todas las víctimas del coronavirus, que en los primeros momentos fueron engañadas por las autoridades, diciendo que el virus no era nada importante y que era exagerado tomar precauciones; sorprendidas por el colapso sanitario, murieron desatendidas por la imprevisión o por la mala gestión; los ancianos que, después de una vida de sacrificio y trabajo, fueron abandonados a su suerte, en las residencias; los sanitarios y profesionales, que tuvieron que trabajar sin medios y con una pésima planificación".

En opinión de Caride, Anvac es una asociación "apolítica y aconfesional", en la medida en que "las víctimas son de todas las religiones, de cualquier edad, de todos los partidos políticos e ideologías". Y pone el ejemplo de Portugal, "donde gobierna el Partido Socialista y tenemos que darle la enhorabuena por su gestión", ya que en el territorio luso han fallecido "unas 2.000 personas". Para el representante de la plataforma en Tenerife, si se extrapola esa cifra a la población existente en este país, en España podrían haber muerto unas 8.000 personas. Y recuerda que, en base a los niveles demográficos y la media europea de mortalidad por el Covid-19, en este país deberían haber fallecido unos 13.000 ciudadanos, "pero no 40.000 más".

Responsables

Y como responsables de la "grave situación", señala a "Salvador Illa, ministro de Sanidad; Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias; el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por su responsabilidad sobre las residencias de mayores, así como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Entre otras cosas, los acusa de "habernos engañado con que había un comité de expertos, que no existía". Para Caride, las decisiones no se han tomado desde la perspectiva y el asesoramiento de especialistas, médicos, científicos o epidemiólogos, sino que han primado las decisiones políticas en cada momento.

"¿Cómo nos podemos callar ante esta realidad?", se pregunta el representante de Anvac en Santa Cruz de Tenerife, quien insiste en que "tenemos que cambiar el rumbo, pues están jugando con la vida de nuestros familiares y con la nuestra". Otro de los argumentos que esgrime para protestar consiste en que España tiene el mayor índice de profesionales sanitarios fallecidos , "porque no se les ha protegido de forma suficiente".

Critica que, durante la denominada "segunda oleada", desde el Gobierno del Estado "se quiere derivar las responsabilidades en las comunidades autónomas, a pesar de que, a su juicio, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se les quiere imponer a los gobiernos regionales sus directrices fundamentales. Según Caride, "esto es una patraña para quitarse su responsabilidad" en este problema.

Sobre la situación de Canarias, resalta que, "afortunadamente, por la insularidad", la incidencia de la enfermedad no ha sido tan importante como en otras comunidades. Pero advierte de que, después de las personas fallecidas, están los efectos en la economía de los ciudadanos, desde trabajadores hasta empresarios, pasando por profesionales o pequeños autónomos. "Nosotros brindamos apoyo y asesoramiento" y apunta que ya hay procedimientos judiciales iniciados.