29 de septiembre de 2020
29.09.2020

La pandemia empeora la salud mental del 34% de los isleños con discapacidad

La asociación Cermi denuncia que Canarias cierre los centros de día sin tener en cuenta ni los derechos ni la idiosincrasia de este colectivo, por lo que solicita protocolos específicos

28.09.2020 | 23:03
Una mujer con una discapacidad que le provoca dependencia.

La salud de el 34% de las personas con discapacidad en Canarias ha mermado durante la pandemia. Las causas son diversas y empiezan desde que da lugar el estado de alarma. La pérdida de un empleo que ya de por sí era precario, la exclusión social derivada de la arraigada pobreza, la creciente brecha educativa por no poder acceder a los recursos a distancia y, por último, el cierre impuesto de los centros de día, han tenido consecuencias directas en la salud mental de este colectivo, lo que ha derivado, según Cermi Canarias, en que aproximadamente 3.000 personas hayan aumentado el consumo de ansiolíticos y antidepresivos.

Lo advirtió así la presidenta de esta asociación, María del Carmen Laurica, en una ponencia en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias, en la que insistió en que la crisis de la Covid-19 está provocando que las más de 9.717 personas con discapacidad registradas en el Archipiélago, sufran de más soledad, miedo y falta de autoestima. ¿La razón? "Hay ciudadanos que llevan desde el principio de la pandemia en sus domicilios", remarcó Laurica. Los centros de día, que podrían haber conformado un alivio para la salud mental de estas personas tras el encierro, tampoco han estado presentes. "Han abierto solo en algunas islas, de manera muy desigual, y ahora con las nuevas restricciones se han cerrado todos sin tener en cuenta la idiosincrasia de este colectivo", denunció la presidenta del organismo.

"La eliminación del contacto social es lo que les está generando estrés y ansiedad", remarcó Laurica, que afirmó que muchos de los usuarios de los Centros de Atención Residencial para personas con Discapacidad (CAMP) han desarrollado "alteraciones conductuales" al haber perdido el contacto con sus familiares.

Además, señaló que se está dando la paradoja de que residentes con una PCR negativa deban aislarse durante 14 días, al tiempo que son atendidas por trabajadores que entran y salen del centro sin problemas. Laurica se mostró en contra del cierre total de los centros de día, medida impuesta por el Gobierno de Canarias para contener el avance del coronavirus. "Se debe encontrar el equilibrio en los centros de día, ya que las medidas actuales son globales y no dan una respuesta ajustada a las necesidades del colectivo ni se adecúan a sus derechos", insistió.

En este mismo sentido recordó que no por sufrir una discapacidad se goza de una mala salud. "El comentario habitual que subyace es que la discapacidad arrastra consigo una patología previa, pero eso no está en todos", advirtió y sentenció que "los discapacitados no son enfermos", sentenció.

Pero el empeoramiento de la salud mental es tan solo la punta del iceberg de la merma de unos derechos adquiridos que ya de por sí eran frágiles. "El empleo ya estaba marcado por la inestabilidad", explicó Laurica, que insistió en que el 66% de los contratos entre las personas con discapacidad eran temporales antes de la pandemia y que un 61% de ellos llevaban menos de un año en su puesto de trabajo.

"Si además le añadimos los datos de desempleo, hay que tener en cuenta que tres de cada cinco son desempleados de larga duración". Una situación que, al haberse agravado con la pandemia, requiere de ahora de un plan que "incentive y fomente el empleo público". "La incertidumbre es una constante en el colectivo y esta incertidumbre se multiplica en las familias con un miembro con discapacidad", señaló la presidenta de Cermi, que afirmó que hay que "acompañar a las familias con medidas claras y contundentes y que alivien esta carga".

La Covid-19 también ha mermado la capacidad económica de los centros de atención a la discapacidad. "En una comparativa con un territorio similar a Canarias, como es Baleares, la diferencia anual por plaza es de unos 8.000 euros, un 30%". Además, con la pandemia, este coste se ha encarecido un 30% debido a las adaptaciones y material que han tenido que sufragar las organizaciones. Por esta razón, solicitó a los portavoces parlamentarios aumentar el aporte público derivado a estas organizaciones.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Mapa Coronavirus España

Mapa Coronavirus España