Una mujer que trabajaba para la empresa pública Tragsa fue condenada ayer, tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, a tres años y ocho meses de prisión como presunta autora de un delito continuado de fraude cometido por funcionario público y no podrá ejercer empleo o cargo público durante seis años. La acusada tenía un puesto laboral en la Empresa Transformación Agraria (Tragsa) como responsable de contabilidad de la Gerencia de Zona Canarias y coordinadora de Administración de la Unidad Territorial. Según la sentencia de ayer, Ana Z.G.V., llegó a desviar 150.887 euros a cuentas bancarias de su propiedad.

La citada empleada era la encargada de preparar las transferencias, donde especificaba el importe a abonar, el concepto y el destinatario. Según el escrito del Ministerio Público, también se aprovechó de la dificultad que tenían las tres personas que ponían su firma electrónica para comprobar la veracidad de todos los datos que constaban en las mencionadas operaciones. Además, confiaban en la citada funcionaria, pues tenía más de 20 años de antigüedad en Tragsa. Los hechos por los que ayer estaba previsto que comenzara un juicio con Tribunal de Jurado en la Sección V de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tuvieron lugar entre los años 2013 y 2016.

La forma de proceder de la contable ahora acusada consistía en poner, como destinatarios, los nombres de acreedores reales de Tragsa, pero con el claro objetivo de engañar a sus superiores, ya que las cuentas bancarias en las que acabaría el dinero estaban a su nombre.

Como suele ocurrir en muchos casos similares de fraude, la implicada cogió confianza con el paso del tiempo y cada vez era mayor la cantidad anual que desviaba para su enriquecimiento ilícito. Así, durante el 2013, remitió pagos falsos a Tragsa por un importe superior a los 9.500 euros. Al año siguiente se produjo un salto cuantitativo relevante en la cifra defraudada, que llegó a casi 50.000 euros, según el escrito de calificación de la Fiscalía. En el 2015, la investigación pudo probar que A.Z.G.V. ingresó de manera irregular en sus cuentas 62.557 euros. Y en el último ejercicio del que hay constancia remitió pagos a Transformación Agraria por 28.800 euros. Antes de llegar al acuerdo con el Ministerio Público, este pedía para ella una pena de 6 años de prisión. Ahora, la condena se ha reducido en 28 meses.