La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se constituye este viernes

Se cumple de esta manera con la Ley de Memoria Histórica de Canarias y con el reconocimiento y reparación moral de las víctimas isleñas de la guerra civil y la dictadura franquista, aprobaba en diciembre de 2018, que con el fin de diseñar la estrategia e implementar medidas concretas, en su artículo 11 prevé la creación de esta comisión, que debe actuar como un órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor.

Una de las personas que forma parte de la citada comisión es Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, quien ocupará la vicepresidencia tercera. Sin perder un ápice de ilusión, pero con espíritu crítico y práctico, no deja de preguntarse "hasta dónde podremos llegar". En este sentido, tiene muy claro que "sin dotación presupuestaria, sin una ficha financiera suficiente", poco o nada se va a poder hacer, a pesar de las buenas intenciones. Y se refiere, por ejemplo, al apartado de las exhumaciones de cadáveres y el cotejo del ADN, "actuaciones que precisan inversión".

Recuerda también el parón que ha sufrido la puesta en marcha de esta ley. En la época en la que el socialista Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno se contaba con dinero para articular proyectos de investigación y búsqueda, pero una vez que el popular Mariano Rajoy accedió al poder, "no derogó la ley, pero la dejó vacía de contenidos", explica. Desde entonces, el trabajo se ha limitado a la predisposición que han mostrado algunos cabildos y ayuntamientos, "pero todavía queda mucho por hacer".

Estableciendo un orden de prioridades, Mercedes Pérez Schwartz considera que la primera actuación debe orientarse a la búsqueda, localización y exhumación de los restos de aquellas personas que fueron represaliadas en la contienda civil y durante la dictadura franquista. "Y esa actuación debe ir por delante incluso del cambio en el nombre de las calles o la sustitución de monumentos en las vías públicas", subraya.

A propósito, refiere que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha elaborado y presentado un estudio relativo a la simbología franquista que persiste en la capital, entre la que se encuentra el denominado Monumento a Franco, en la confluencia de las Ramblas con la avenida de Anaga, que a su juicio "debe eliminarse". Es consciente de que estas medidas van a levantar ampollas entre determinados sectores, pero antepone el derecho de los familiares de las personas desparecidas, fusiladas o víctimas de juicios sumarísimos "a la restitución de la memoria y la dignidad, a que salga a la luz: es la historia".

Otro de los aspectos que considera básicos es el de la educación. "Hay gente que no conoce determinados periodos de nuestra historia, que permanecen cubiertos por un oscuro silencio", y valora que la presencia de la Consejería de Educación en esta comisión muestre lo que pasó en este país.

Fue el pasado 6 de febrero, mediante decreto, cuando se aprobó el reglamento de funcionamiento y composición de la citada comisión, que entró en vigor el 18 de febrero, y el día 26 de ese mismo mes, la viceconsejera de Justicia solicitaba a las entidades locales la designación de sus representantes para integrar esa comisión.

En este órgano figura como presidente el consejero de Adiministraciones Públicas, Justicia y Seguridad, mientras las tres vicepresidencias las ocupan la directora de Patrimonio Cultural; la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, y la presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. La secretaría, con voz pero sin voto, corresponde a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, mientras en las vocalías están representadas, con sus correspondientes portavoces, las asociaciones de la Memoria Histórica de Arucas y La Palma; la Asociación Canaria de Menores Sustraídos; la Universidad de La Laguna y la de Las Palmas; los archivos históricos provinciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas; el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas; los cabildos de Tenerife y Gran Canaria, así como también la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municiciopios (Fecam).