El PP insiste en que hay que proteger la propiedad privada como un derecho fundamental de las personas y por eso acelera los trámites en el Congreso de los Diputados para hacer realidad un nuevo texto legal que impida las ocupaciones de viviendas. El presidente del partido en Tenerife, Manuel Domínguez, reclama medidas más contundentes contra dicho fenómeno, como condenas de 1 a 3 años de cárcel (según la gravedad del caso), desalojos en un plazo máximo de 48 horas, así como prohibir a los ayuntamientos empadronar a quienes hayan ocupado ilegalmente una casa.
Domínguez insiste en la necesidad de nuevas medidas sociales en Canarias, "con la actualización del parque público de viviendas así como la construcción de nuevos inmuebles de protección oficial, al hilo de lo pactado entre todas las formaciones en el Parlamento de Canarias estos últimos meses". La diputada nacional del PP y portavoz de su formación en la comisión de vivienda del Congreso, Ana Zurita, añadió que "la ocupación ilegal no puede ser, en ningún caso, alternativa a la carencia de vivienda, ni por supuesto" usurpar la propiedad privada debe convertirse en la solución a que la Administración no haga su tarea en cuanto a la provisión de casas.
En cuanto a Canarias, a Domínguez y Zurita les preocupa que, desde el Ejecutivo Autonómico se siga esa inercia y se justifique la "ocupación" en la falta de vivienda pública. El PP recuerda que el Plan de Vivienda del Archipiélago "es ambicioso y tendrá nuestro apoyo sobre propuestas realistas, pero nunca sobre la intervención a la propiedad privada". Para el PP, hay que establecer un sistema desde la oficina de Vivienda del Gobierno regional y los Ayuntamientos, que establezca una estrategia "antiokupas".
Envío de casos a la Fiscalía
Para lograrlo, el PP propone abrir una Oficina "antiokupación", que traslade los casos a la Fiscalía o la Delegación del Gobierno, y que sea una agencia de información a los ciudadanos sobre los pasos a seguir. Domínguez y Zurita también exigen una estrategia conjunta de las áreas de Vivienda y Justicia para la coordinación efectiva con los cuerpos de seguridad. Y, en tercer lugar, se plantea coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales. El presidente del PP en Tenerife y la diputada nacional presentarán iniciativas parlamentarias para conocer el diagnóstico real de la situación en Canarias. Afirman que existen viviendas de titularidad pública que están ocupadas e impiden que sean adjudicadas a familias que las han solicitado por el trámite reglamentario.
Zurita aclara que estas medidas drásticas están enfocadas a la ocupación ilegal y no afectan a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social de muchas familias ante la crisis por el covid-19.
Derechos de recuperación
Los populares creen necesaria una reforma del Código Penal para que los propietarios de viviendas puedan ejercer sus derechos de forma más transparente a la hora de recuperar sus inmuebles. Zurita recuerda que la actual ley de desahucio "express" prevé el desalojo en un plazo máximo de cinco días, "con la limitación a personas físicas, administraciones tenedoras de vivienda y entidades sin ánimo de lucro, no contemplando proceso para personas jurídicas, ni la lucha contra las mafias, ni la acción de las comunidades de propietarios, temas que se solventan con esta nueva iniciativa".
El PP indica que, esta semana, la Fiscalía General del Estado emitió un informe con instrucciones a los fiscales para actuar con la mayor inmediatez ante la "ocupación" ilegal, "pero se parte de la base de que con las actuales medidas legales son suficientes". Según los populares, en realidad es un paripé que no adquiere compromiso alguno.
