Con los contagios disparados en las Islas y el consecuente endurecimiento de las medidas sanitarias y las restricciones sociales, queda todavía por apuntalar un aspecto indispensable, el cumplimiento de las normas por parte de ciudadanos y empresas. Para lograrlo, el Gobierno canario hará efectiva su anunciada mano dura a través de un decreto ley en el que elevará las sanciones económicas para quienes se empeñen en incumplir la ley. Por ejemplo, algo tan cotidiano como no ponerse la mascarilla será multado hasta con 3.000 euros en el caso de aquellas personas que hagan caso omiso a los requerimientos policiales y se empeñen en no llevar la mascarilla de manera continuada.
"Con este decreto pretendemos endurecer las sanciones para precisar todavía más cuáles son las normas y cumplir un doble objetivo, el de facilitar el trabajo de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como mandar un mensaje claro a la ciudadanía, que se arriesga a ser objeto de una sanción económica que puede ser muy importante si no cumple las normas" Así explicó el nuevo decreto el portavoz del Ejecutivo autonómico, Julio Pérez, durante la rueda de prensa de un Consejo de Gobierno en el que no se pudieron abordar todos los puntos del orden del día y que se retomaba durante la tarde de hoy. Una interrupción que retrasará a su vez la publicación del citado decreto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), lo que previsiblemente no ocurrirá hasta mañana.
Será a partir de entonces cuando los empresarios tendrán que estar atentos a las importantes multas a las que se enfrentan si, por ejemplo, duplican el aforo de sus locales y con ello superan las 150 personas, lo que podría costarles hasta 600.000 euros según -al considerarse una infracción muy grave-, mientras que quienes organicen eventos sin permiso o que incumplan las medidas de protección con una afluencia entre las 20 y las 200 personas recibirán una sanción de hasta 60.000 euros -infracción grave-. Todos aquéllos que se nieguen a colaborar con las autoridades o inspectores, y no faciliten la labor de control también recibirán esta multa.
Además, quienes consuman alcohol o estupefacientes en la vía pública en un grupo en el que haya más de diez personas recibirán una sanción que se mueve en una horquilla entre los 3.000 y los 60.000 euros. Las mismas cantidades que deberán abonar los contagiados por coronavirus que se salten la cuarentena.
Más llevaderas económicamente resultan las sanciones leves, siempre que sólo se incumpla la norma una vez, pues la reiteración conlleva el encarecimiento de la multa. No ponerse la mascarilla o hacerlo mal, fumar en la vía pública, negarse a hacerse las pruebas de detención del Covid por mandato médico e incumplir el aislamiento decretado por las autoridades sanitarias en el caso de ser un contacto estrecho de un paciente contagiado o por presentar sintomatología compatible con la enfermedad recibirán un castigo económico como mínimo de 100 euros y como máximo de 3.000 euros. Más caro será el desembolso de quienes estando enfermos obvien el aislamiento, que serán castigados económicamente con hasta 60.000 euros.
Ayuntamientos y policías
Ayuntamientos y policíasEl endurecimiento de las sanciones parte de la base de que las infracciones de las normas son una constante entre la población canaria. Lo cual no sólo dificulta el freno de la pandemia, sino que además atasca el día a día de la Dirección General de Salud Pública, cuyo personal no puede dar repuesta al gran número de sanciones impuestas por saltarse las medidas. Un atasco en la tramitación y resolución de las multas que retrasa el cobro de las mismas y resta por lo tanto fuerza al mensaje que quiere transmitir el Gobierno autonómico, que los comportamientos irresponsables acarrean fuertes pérdidas económicas. Aunque Julio Pérez afirmó desconocer el número infracciones que actualmente están pendientes de resolución -a pesar de que su propia Consejería, la de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, junto con la de Sanidad, es responsable del citado decreto-, éstas podrían alcanzar las 5.000.
Para evitar que miles de incumplimientos salgan gratis "se abrevian los trámites del procedimiento, que se asemeja ahora al de las multas de tráfico", explicó Pérez, donde la propia denuncia de la autoridad policial, sanitaria, administrativa o militar supone el acto de inicio del expediente. De acuerdo con el esquema del ordenamiento jurídico en materia de competencia sanitarias, Pérez explicó que las infracciones leves -que prescriben en el plazo de un año- serán sancionadas por los ayuntamientos, mientras que las graves y las muy graves -que tienen un plazo para tramitarse de dos y tres años, respectivamente- serán competencia del Gobierno de Canarias. Además, en los casos de estas últimas se podrá acordar como sanción accesoria, previa audiencia del interesado, el cierre del local o establecimiento donde se haya producido la citada infracción o la prohibición de realizar la actividad durante el plazo máximo de tres meses.
Respecto a la capacidad que tendrán los cuerpos y fuerzas de seguridad para poder controlar todos estos incumplimientos -cabe recordar que sus plantillas no están cubiertas en el Archipiélago, donde existen unos 10.000 efectivos entre policías locales, nacionales, autonómicos y guardias civiles-, el portavoz del Ejecutivo canario explicó que aunque el número de efectivos resulta "insuficiente y además tienen una distribución desigual" en el territorio, está convencido de que se podrá ejercer un control correcto de las normas "si los medios están bien orientados y coordinados", señaló.
