El Servicio Canario de la Salud (SCS) solicitó el pasado 11 de agosto a los usuarios y trabajadores de las residencias que no están dados de alta en la Seguridad Social abonar el precio de las PCR realizadas durante el cribado masivo que la Administración sanitaria puso en marcha en pleno abril. Para estar exentos del pago, como explica una carta enviada a una residencia grancanaria desde el Hospital Doctor Negrín, los pacientes deben justificarlo con "Cartas de Garantía". Una justificación que bien puede consistir en un documento firmado por su entidad aseguradora en la que se compromete a hacerse cargo del pago o, en el caso de ser una persona extranjera, en presentar la Tarjeta Sanitaria Europea y confirmar que su país ha firmado un Convenio Asistencial con España.

"En el caso de que no aporte lo necesario -se puede leer en dicha comunicación-, si se tratara de un gasto no financiable con ingresos de la Seguridad Social, queda usted obligado al pago de dicha asistencia". Un correo posterior desde el mismo hospital tras la pregunta de una afectada, corrobora que el gasto se debe abonar.

Unos días antes del cribado de abril desde la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria se solicitó a los directores de centros y residencias la entrega urgente del listado de residentes, filiación y espacio que ocupaban, así como de los datos de sus trabajadores que serían citados en uno de los puntos de recogida de muestras.

En dicha comunicación no se hace constar, sin embargo, que la PCR solo sería gratuita para aquellos residentes que manifestaran ser afiliados a la Seguridad Social. Tampoco se informó de este asunto a las compañías aseguradoras, advirtiéndolas de que sus pacientes tendrían que abonarlo. Si se hubiera hecho de antemano, el plazo de 10 días impuesto por la Administración sanitaria en pleno agosto hubiera sido mucho menos precipitado para poder presentar dichos justificantes y, al mismo tiempo, se hubiera facilitado a los familiares de los residentes -que normalmente son los que se encargan de realizar el papeleo- la realización de los trámites. De hecho, uno de los familiares afectados se puso en contacto con el SCS el pasado 30 de agosto para que se le aclarase la razón por la que se pretendía "facturar una prueba no solicitada, ni siquiera avisando con tiempo de antelación, y sin saber las posibilidades económicas de la persona intervenida ni si el seguro del que dispone financia o no".

En el mismo documento se expone que no solo será esa prueba molecular de PCR la que deberá facturar el usuario sin afiliación a la seguridad social, también todas las "sucesivas" en las que el paciente se encuentre en la "misma situación", es decir, dado de baja de la seguridad social. Por lo tanto, esta situación podría volver a darse en el próximo cribado poblacional en esos centros que ya ha anunciado por el Gobierno de Canarias.