La Asociación de Abogados Cristianos ha solicitado medidas cautelarísimas ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para suspender la resolución del Gobierno de Canarias que afecta a las celebraciones religiosas al no autorizar eventos ni actos multitudinarios con más de 10 personas --en vigor en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro por la alta incidencia de la pandemia de Tribunal Superior de Justicia de CanariasGobierno de Canariascoronavirus
La organización de juristas considera que este texto "es arbitrario, carece de seguridad jurídica y atribuye a la administración competencias que no son suyas y que atentan contra derechos fundamentales".
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, recuerda en una nota que "una Comunidad Autónoma no puede restringir ni prohibir derechos fundamentales" y destaca que "limitar a 10 personas el aforo de iglesias y catedrales con capacidad para cientos de personas es un pretexto para atacar la libertad religiosa".
"¿20 niños en un aula no son un riesgo y 10 personas en una catedral sí?", se preguntan, al tiempo que apoyan la libertad religiosa porque "hay que defender el Estado de Derecho frente a los abusos que algunos políticos regionales y nacionales están haciendo en estos últimos meses".
Castellanos recuerda igualmente que la libertad religiosa es un derecho fundamental amparado en el artículo 16 de la Constitución y en todos los convenios de derechos humanos.
"Si permitimos este atropello en Canarias, termina implantado en todo el país", señala, y avisa de que si el Gobierno regional no modifica esta resolución no descartan iniciar acciones penales contra el presidente canario, Ángel Víctor Torres.
