Alarma. La palabra que se convirtió en tabú, la que tanto denostó la oposición, vuelve. Pero no regresa asociada al mando único del Gobierno, sino a las comunidades. Ellas podrán pedir la declaración del estado de alarma en todo su territorio o en parte de él. Pero la iniciativa será enteramente suya, no del Ejecutivo, aunque este le garantiza los votos de los dos grupos que sustentan la mayoría parlamentaria.

Pedro Sánchez ofreció ayer ese giro de guión tras el primer Consejo de Ministros posterior a las vacaciones, que han sido muy criticadas. La esencia, con todo, es la misma: tras el fin de la desescalada, que tuvo que acelerar por la falta de apoyos y la presión política, decidió que la responsabilidad de la gestión del coronavirus recaería en las Comunidades Autónomas.

Y en ellas seguirá descansando. Pero con el crecimiento desbocado de los casos -la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 173,14 positivos por 100.000 habitantes, este martes se notificaron 7.117 nuevos contagios, 2.415 en las 24 horas anteriores- y la exigencia de la oposición para que tome el control, el presidente visualizó lo que en su equipo llamaban un "golpe de autoridad", especialmente dirigido al Partido Popular y a comunidades como Madrid, que no ha dejado de lanzar dardos contra el Ejecutivo y que es otra vez el epicentro de la pandemia en España.

Sánchez arrancó reconociendo que la evolución de la Covid-19 "no es buena, es preocupante en algunos territorios" y por ello "hay que atajarla", pero al tiempo subrayó que el escenario no es equiparable al de marzo, por lo que la receta es la "serenidad". "No un miedo que nos paralice y nos impida actuar".

Frente al espejo

La salida jurídica que ofrece el Ejecutivo a las Comunidades Autónomas es que puedan solicitar la declaración del estado de alarma total o parcialmente en sus territorios. No es una innovación técnica, puesto que ya el artículo 5 de la ley de 1981 permite a los presidentes autonómicos solicitar al Gobierno que active esa herramienta.

La novedad estriba en que serán los mandatarios regionales los que, con seguridad, asumirán el mando único -y no el Ministerio de Sanidad-, como ocurrió en la última fase de la desescalada, y los que tendrán que comparecer ante el Congreso, junto con el Gobierno, para defender la alarma y sus eventuales prórrogas.

Es decir, que el Ejecutivo sitúa a las Comunidades Autónomas frente al espejo: que ellas decidan, que ellas lo expliquen y que ellas asuman el desgaste político. Los contornos de una nueva alarma a la carta, sin embargo, no están definidos. Sánchez solo subrayó que no es sinónimo de confinamiento.

¿Y si las Comunidades Autónomas no echan mano de la alarma aunque el virus se descontrole? Esa es la duda. Sobre todo por Madrid y el irredentismo de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Sánchez descargó en todo momento la responsabilidad en las autonomías, aunque no cerró la puerta a asumir el control: "Esperemos que no lleguemos a ese punto. Estoy convencido de que todos los gobernantes autonómicos actúan con la máxima responsabilidad y el deber de proteger la salud pública".

Cataluña, mientras, se lo piensa. Fuentes del Govern aseguraron que estudiarán con detalle esa posibilidad, informa Fidel Masreal. Desmintieron así la primera reacción contraria a la medida, cuando la 'consellera' de Salut, Alba Vergés, dijo que no la creía "en absoluto necesaria".

Además, el Gobierno pone a disposición de las Comunidades Autónomas 2.000 militares para labores de rastreo en las que han sido formados. El Ejecutivo busca tapar un boquete del que ya previno Sanidad en la desescalada y que ahora afecta, de nuevo, a territorios como Madrid o Cataluña: la necesidad de trazar los contactos de los positivos para frenar las cadenas de propagación del virus. El número anunciado, 2.000 efectivos, podría aumentar, dijo Sánchez.

La tercera herramienta es la 'app' Radar Covid. El presidente exhortó a las CCAA que aún no han completado el proceso téncnico -son solo siete las cumplidoras- a que enlacen ya sus sistemas sanitarios con ella.

Sánchez, pese a las preguntas de los periodistas, rehusó analizar qué ha pasado para que España se haya convertido en el país con el mayor número de casos en esta segunda oleada. Tampoco lanzó reproches a las Comunidades Autónomas, aunque sí deslizó que hay algunas que están demostrando "mayor eficacia" en el control del virus y otras con "problemas". Y mantuvo que no hacen falta reformas legales -a las que se comprometió con Cs o ERC- porque ya está la alarma, ya se introdujeron cambios en el decreto ley de nueva normalidad y toda restricción de derechos requiere de ratificación parlamentaria o judicial.

El presidente reiteró su llamamiento a la unidad -"desterremos la pelea partidista en la lucha contra la pandemia"- y urgió a la renovación de órganos como el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o RTVE porque la emergencia requiere de "instituciones robustas". Y mantuvo su propósito de pactar los Presupuestos con todas las fuerzas. Sin excluir, por tanto, a Cs.