La tierra se abre aún más bajo las empresas de transporte discrecional de viajeros de Canarias. El cero turístico tras declararse la pandemia y el cierre de los colegios puso en jaque a las 170 compañías que componen el sector en las Islas y dan empleo a alrededor de 10.000 trabajadores. Y agosto acaba con malos augurios para el turismo -con el 'cierre' del Reino Unido a quien proceda de España y el gobierno de Berlín mirando de reojo la evolución de los rebrotes de la Covid en las Islas- y con un jarro de agua fría en la esperada vuelta a las aulas en septiembre por problemas de gestión en la Consejería de Educación, según denuncia la Federación de Empresarios de Transportes (FET).

El contrato de transporte vigente contempla la necesidad de tramitar su prórroga antes del 31 de agosto. Un requisito que la FET, poniendo sobre la mesa los plazos impuestos por la Ley de Educación, ha ido advirtiendo sucesivamente a los tres titulares de la Consejería en la presente legislatura -María José Guerra, José Antonio Valbuena y Manuela Armas-, y en todo momento ha recibido garantías de que se formalizaría a tiempo la continuidad del servicio. Hasta ahora, señala la Federación.

En mayo Educación comenzó el expediente de prórroga y por parte de la FET se dio el visto bueno al proceso. Hace solo dos días la Consejería cambió el paso. Se ha dirigido a las empresas de transporte escolar (alrededor de 350) comunicándoles que no puede garantizar el contrato del próximo curso porque "no le da tiempo" a gestionarlo, "dejando a las empresas en la estacada", señala el secretario general de la FET, José Ángel Hernández.

Una situación, apunta, que rompe cualquier expectativa de recuperación empresarial y estabilidad laboral. "No tiene justificación alguna la falta de tiempo en un año donde no ha habido actividad en los centros de enseñanza y en el que los sectores empresariales más necesitan de la sensibilidad del Gobierno de Canarias", insiste Hernández.

En este momento se están buscando alternativas de urgencia que impidan que el curso escolar no pueda comenzar por falta de transporte. Desde Educación se apunta como salida que las empresas -ya machacas por falta de ingresos, con la mayoría de su personal en ERTE y algunas al borde del proceso concursal- actúen por nulidad y asuman sin contrato los servicios hasta que se pueda convocar un nuevo concurso. Algo a lo que estas no están dispuestas porque recaería únicamente sobre ellas todos los gastos derivados de la puesta en marcha del servicio y nada garantiza que desde la administración se les de luego continuidad.

La FET insiste en que la única solución pasa porque Educación se ajuste a la ley y firme antes de que acabe agosto la prórroga. Tiene una semana.