Félix Expósito, de Intersindical Canaria (IC), explica que, desde el punto de vista funcionarial y sindical, "hay mucha gente de vacaciones" en diferentes jurisdicciones y órganos judiciales. Recuerda que, debido a la paralización económica registrada a raíz del Covid-19, en los últimos meses se han sobrecargado los juzgados de lo Social, a raíz de los ERTE, el cierre de empresas y los despidos, por ejemplo. También ha crecido la actividad en los asuntos de familia, pues, entre otras cosas, en muchos casos no se ha cumplido con el régimen de visitas de los hijos. Pero, en general, según Expósito, se ha mantenido el "ritmo habitual de otros veranos", por lo que piensa que la decisión del Gobierno del Estado puede considerarse una medida "de cara a la galería" más que para la agilización de esta administración. La actividad diaria se reduce, sobre todo, a "juicios muy puntuales, los turnos de guardia, los juzgados de lo Penal y casos muy urgentes". Fuentes de la Audiencia Provincial dicen que estas semanas se registra una actividad "normal", con la llamada "Sala de Vacaciones", formada por tres magistrados. Como consecuencia de la habilitación parcial del mes por el Real Decreto Ley 16/20, "se ha iniciado la tramitación de asuntos presentados por procuradores y abogados", además de mantener las medidas de seguridad para prevenir el contagio del Covid-19.

El Ministerio de Justicia decidió declarar hábil el mes de agosto en los juzgados entre los días 11 y 31. ¿Ha tenido esa medida una repercusión real en la tramitación e incoación de asuntos en los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Fuentes del Colegio de Abogados y del colectivo de letrados del turno de oficio (Altodo) confirman que sobre ellos sí ha tenido repercusión, en forma de más trabajo y de reducir o renunciar al descanso en estas semanas. Sin embargo, fuentes de los magistrados y de los sindicatos de funcionarios explican que, en su caso, este es un agosto igual o muy parecido al de años anteriores, con muy poco personal en las diferentes jurisdicciones. El decano de los abogados, José Manuel Niederleytner, critica que "no se ha respetado el compromiso de los órganos de gobierno del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia de que no se iban a practicar notificaciones en agosto".

En opinión de Niederleytner, "este mes ha habido un cambio muy importante" respecto al mismo periodo mensual de años anteriores. El motivo es que "existen muchas notificaciones de resoluciones de los juzgados, muchas de ellas para abrir plazos procesales, que hay que cumplimentar en estos días". Es decir, que los letrados no pueden esperar a septiembre u octubre para preparar la documentación. Para el decano de los abogados de Santa Cruz de Tenerife, "eso implica estar en los despachos trabajando". Él mismo explica que lleva los primeros quince días del presente mes en su bufete. Todos esos escritos se deben presentar tanto a través del sistema Lexnet como en papel en el Decanato.

Se trata de procedimientos que ya están en marcha y que, frente a lo que ocurría en ejercicios pasados, se ha continuado con su tramitación durante los días en los que, de forma tradicional, casi se paraliza la actividad judicial.

Reconoce que ha recibido muchas quejas y que se percibe una indignación muy grande en la Abogacía. Apunta José Manuel Niederleytner que "por este decano se le hizo llegar en su momento al consejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, las quejas por haber apoyado la medida de habilitación de agosto a efectos procesales".

Isabel González, del colectivo Altodo (Asociación de Letrados del Turno de Oficio), manifiesta que agosto, "desgraciadamente, lo vivimos mal, porque se ha vulnerado nuestro derecho al descanso". Desde su punto de vista, "con esta medida se ha conseguido que la parte más vulnerable de los operadores judiciales (abogados y procuradores) no tengamos vacaciones hasta el 1 de agosto del 2021".

Según la representante de Altodo, "quien también sufre las consecuencias de esta medida ineficaz y populista es la ciudadanía". El motivo es que, a pesar de que letrados y procuradores realizan estas semanas su trabajo, por el contrario, jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios han podido coger sus vacaciones en agosto. De hecho, la mayoría de estos operadores jurídicos han mantenido en el presente mes su periodo de descanso anual, "que es la práctica habitual". Para Isabel González, eso supone que no se incoan ni se avanza con los expedientes, "por lo que no hay una agilización real de la Justicia".

De hecho, los miembros del colectivo Altodo demandaban que la mejor manera de agilizar el trabajo en los órganos judiciales era que, de forma excepcional, todos los operadores jurídicos cogieran sus vacaciones en agosto, por lo que, de esa manera, en julio, septiembre, octubre y los meses siguientes la actividad laboral sería plena. En esa línea, José Manuel Niederleytner recuerda que con dicho planteamiento también estaban de acuerdo algunas asociaciones judiciales, como es el caso de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, mayoritaria en Canarias.

"Todos somos necesarios"

Señala Isabel González que "todos conformamos la Administración de Justicia y todos somos necesarios". Para el colectivo del turno de oficio, la actual situación es responsabilidad del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos. Además, lamenta que la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, no ha tomado ninguna medida contundente en defensa de los abogados del país y solo se limitó a recomendar a estos profesionales coger vacaciones en el presente mes.

Niederleytner señala que, en la reunión convocada por el ministro de Justicia con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas y con los representantes de los distintos operadores jurídicos, mantenida antes de la aprobación del Real Decreto Ley 16/2020 que habilitó desde el 11 al 31 d agosto de este año a efectos judiciales, "la única persona que se manifestó en contra de esa medida fue Victoria Ortega, por entender que era una acción efectista que no iba a arreglar el problema del atasco en los juzgados, porque en veinte días no se arregla". Según el decano de los abogados, "todos los demás estaban a favor, claro, porque no afectaba a sus vacaciones, sino solo a las de abogados y procuradores".