La presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL), María Dolores Pelayo, negó ayer que cesara de forma unilateral a los consejeros de este órgano que habían cumplido su mandato de cuatro años sin el acuerdo previo del Universidad de La LagunaULLGobierno de Canarias Pelayo desmiente esta información pese a que el viernes no quiso ofrecer su punto de vista cuando fue cuestionada por este periódico.

María Dolores Pelayo se limitó ayer a indicar que "en relación con las afirmaciones contenidas en el citado artículo, tengo que manifestar mi rotundo rechazo a las mismas por no corresponder a la verdad y contener manifestaciones que considero calumniosas". Añade que se reserva "el derecho a emprender las acciones que me correspondan en defensa de mi honorabilidad profesional y personal y en defensa del Consejo Social de la Universidad de La Laguna". Consultada ayer sobre por qué considera que esta información es falsa, aunque esté avalada por informes de la Universidad y el Parlamento, Pelayo se negó a dar explicaciones.

Este periódico constató que informes jurídicos, tanto de la Universidad de La Laguna como del Parlamento de Canarias, reprueban a la presidenta del órgano (accedió al cargo en abril de 2020) por tomar este tipo de decisiones. En los informes, le recuerdan que para que cualquier cese en el seno del Consejo se haga efectivo, debe ser publicado previamente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Por tanto, requiere la intervención directa del Gobierno regional. Además, la secretaria del Consejo Social, Rosa Baena, hizo llegar al Consejo Social -el 24 de julio- una comunicación en la que también le recordó que estas decisiones deben ser acordadas previamente con el Ejecutivo autonómico. En su escrito, Baena refleja que "ha venido siendo decisión de la señora presidenta del Consejo Social aplicar el criterio de dar por finalizada la condición de consejero/a del Consejo Social de la ULL de aquellas personas cuyo mandato de cuatro años haya expirado". La consecuencia de la gestión en este sentido de Pelayo en este sentido es que "el Parlamento de Canarias no tenga representación alguna del Consejo Social de nuestra universidad, así como los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote", apunta la secretaria del organismo.

El artículo 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo -data de 2017- concluye que la pérdida de la condición de consejero se circunscribe tanto a la finalización del mandato como a que se publique su cese en el BOC. Los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias entienden que "el agotamiento del periodo de cuatro años no supone de forma automática e ipso iure la finalización del nombramiento". Tanto ellos como la ULL abogan porque los consejeros que agoten su tiempo de mandato puedan acogerse a la figura "en funciones", evitando un vacío en el desempeño del puesto mientras se prolongue la designación de un nuevo integrante.