La presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL), Dolores Pelayo, ha cesado en los últimos meses a varios de los miembros de este órgano de participación social de manera unilateral. Al hacerlo, les denegó la presencia a los últimos tres plenos del Consejo y les impidió conocer los acuerdos a los que se ha llegado en este tiempo en el seno del Consejo. Pelayo tomó estas decisiones, que notificó a algunos miembros vía correo electrónico, sin acordarlo previamente con el Gobierno de Canarias y sin esperar a que el Parlamento de Canarias realice la pertinente votación para designar a los nuevos componentes de este órgano de consulta para los siguientes cuatro años.
Varios informes jurídicos, tanto de la Universidad de La Laguna como del propio Parlamento de Canarias, reprueban a la presidenta, que accedió al cargo en abril de 2020, por tomar este tipo de deciones. En ellos, le recuerdan que para que cualquier cese en el seno del Consejo se haga efectivo, debe ser publicado previamente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Por tanto, requiere la intervención directa del Gobierno de Canarias. Pero no son los únicos que están en contra de la independencia de Pelayo. La secretaria del Consejo Social, Rosa Baena, hizo llegar al Consejo Social el 24 de julio una comunicación en la que también reprendió a la presidenta por tomar estas decisiones sin acordarlas previamente con el Gobierno autonómico.
En el documento, Baena deja entrever que estas determinaciones han formado parte de la tónica general de la presidencia de Pelayo desde que accedió al cargo. "Ha venido siendo decisión de la señora presidenta del Consejo Social aplicar el criterio de dar por finalizada la condición de consejero/a del Consejo Social de la ULL de aquellas personas cuyo mandato de cuatro años haya expirado", asegura la secretaria. Baena admite, asimismo, discrepancias con Pelayo y recuerda que la oleada de ceses producida desde abril ha provocado que "el Parlamento de Canarias no tenga representación alguna del Consejo Social de nuestra universidad, así como los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote". Esta institución, además de desempeñar un papel relevante en la aprobación de las partidas económicas de la universidad, funciona como un nexo de unión entre la sociedad y la universidad, y su representación es fundamental para promover la colaboración entre ambas.
Legislatura Constituyente
La abogada Dolores Pelayo, conocida por haber desempeñado un relevante papel como senadora en la Legislatura Constituyente y por su militancia en el Partido Socialista, fundamenta su voluntad de dar por concluidos los mandatos de sus compañeros en un único artículo del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo que data de 2017. Este precepto, el 14, establece que el mandato de los consejeros y consejeras será de cuatro años y que "la representación social del Consejo se renovará por completo cada cuatro años".
Al que no hace alusión Pelayo es al artículo 17, que concluye que la pérdida de la condición de consejero se circunscribe tanto a la finalización del mandato como a que se publique su cese en el BOC. De hecho, los servicios jurídicos del Parlamento de Canarias, ante esta circunstancia, mostraron su firme determinación en que "el agotamiento del periodo de cuatro años no supone de forma automática e ipso iure la finalización del nombramiento". Tanto ellos como la ULL abogan porque los consejeros que agoten su tiempo de mandato puedan acogerse a la figura "en funciones" -que se admite en el propio ámbito universitario- para que no exista un vacío en el desempeño del puesto mientras se prolongue la designación de un nuevo integrante.
Entre los miembros cesados se encuentra uno sus vocales, Francisco Almeida que, aunque fue reelegido en su cargo del Consejo a finales de julio gracias a los votos del grupo parlamentario nacionalista (CC), ha estado vetado casi tres meses en los encuentros del Consejo Social. "Desde el pasado mes de mayo me dirijo a usted por mi no convocatoria a los plenos (se han celebrado tres), comisiones, ni información del Consejo, ni notificaciones ni comunicaciones, ante lo que me comunica usted mediante mail que no se me invita por haber perdido mi condición de consejero al entender caducado mi nombramiento", explicó Almeida en una comunicación dirigida a Pelayo y firmada el pasado 17 de julio. Tras buscar asesoramiento en servicios jurídicos y comprobar que sus criterios eran coincidentes, Almeida exigió a Dolores Pelayo que le reconociera su "condición de consejero en funciones", le remitiera la información de los plenos ya celebrados y le dé cuenta de los acuerdos adoptados en reuniones previas.
La presidenta del Consejo Social de la ULL, Dolores Pelayo, por su parte, tras ser contactada por este periódico se negó a responder sobre el asunto y declaró que el órgano de consulta está "trabajando de forma fructífera para responder a las necesidades de la población tinerfeña".
