El Gobierno, las comunidades y los municipios han acordado una respuesta coordinada ante rebrotes en residencias, que incluye la obligación de los centros de comunicar sus nuevos positivos, de tener planes de contingencia y una lista de verificación de que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a la Covid-19. Esto ocurre el mismo día en el que los casos de coronavirus detectados en España han superado la barrera de los 300.000, en concreto 302.814, al sumar 5.760 positivos más que el lunes, de los que 1.178 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas.

De ellos, la mayor parte se han detectado en Aragón, que ha notificado 365 nuevas infecciones; seguida de Madrid, donde han alcanzado las 292, y Cataluña y Andalucía, ambas con 109. Este incremento de casi 6.000 positivos de golpe en la serie se produce después de que ayer Cataluña, Madrid y Navarra no pudieran cargar sus datos por problemas técnicos, con lo que era de esperar que fuese significativo una vez lograran cargarlos, tal y como apuntó ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Esa actuación unificada se adoptó ayer en una reunión celebrada este martes en el Ministerio de Derechos Sociales entre el secretario de Estado, Nacho Álvarez, y los consejeros de Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

Las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posibles casos de covid al sistema de salud, disponer de un protocolo de actuación para la coordinación con el sistema de salud para asegurar la atención de los residentes y realizar periódicamente pruebas de diagnóstico a residentes y personal. Sanidad y Derechos Sociales propondrán, y coordinarán con las comunidades autónomas, un sistema de recogida directa de datos de los centros que permita disponer de un registro para conocer en tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y sociales. Estas propuestas se incluyen en los documentos de recomendaciones acordados, que el Gobierno ha trasladado a las regiones: una lista de verificación con las condiciones que deben cumplir los planes de contingencia de las residencias y el Plan de Respuesta Temprana adaptado al ámbito residencial.

En el Plan se establece que ante la detección de un caso, será indicativa de la aparición de un brote, lo que implicará: la notificación a las autoridades sanitarias; el aislamiento del caso; la cuarentena de los contactos estrechos; y la búsqueda activa de casos. Esto implicará también pruebas PCR a todas las personas que residen o trabajan en el centro.

En el caso de contagio y siempre que sea necesario, las autoridades sanitarias garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros "en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía", indicó. Se designará a una persona del centro "con capacidad de comunicar datos de la situación diaria, mantener el contacto con las autoridades y activar los protocolos sanitarios".