"Solo me está permitido ver a mi hija durante una hora a la semana"

Su queja la llevó a mantener una interlocución directa con la Dirección General de Discapacidad y Dependencia del Gobierno de Canarias, que no resolvió aún la ordenanza que permita acceder a estas personas residentes a cierta normalidad. Por ello, solicitó un encuentro con el máximo representante de la Diputación del Común, Rafael Yanes, a quien recurre para conseguir su mediación ante el Gobierno de Canarias "para poner fin al encierro de nuestros mayores y de nuestros familiares con discapacidad".

Paiz acudió a este encuentro junto con la responsable de Salud Mental en La Palma y representante de Salud Mental Canarias, Mary Paz Magdalena; la gerente de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (Indispal), Anabel Hernández; la directora técnica en La Palma de la Fundación Canaria de Personas con Sordera (Funcasor) y también secretaria y representante de la Junta Directiva de Indispal, Lourdes Medina.

Diputado del Común

Las distintas asociaciones pidieron la interlocución del Diputado del Común con los cabildos y las consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad para un mejor tratamiento de la situación de confinamiento que han vivido y siguen viviendo las personas dependientes en los centros del Archipiélago. La realidad es que se sigue prohibiendo que muchas personas visitas a sus familiares atendidos en centros, y que provocó en el caso de Eugenia Paiz que "durante 85 días mi hija no supiese si la había abandonado o no, ya que su nivel cognitivo es de un niño de un año" tal y como afirmó Paiz.

Bajo la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y sus familiares, estas entidades informaron de que en Canarias existen 7.000 personas con discapacidad que residen tratamiento y atención en residencias y que siguen, a día de hoy sin poder salir de las mismas. Solo pueden recibir una visita semanal de una hora de duración y siempre y cuando sea hecha por la misma persona visitante.

Por esta razón, solicitaron al Diputado del Común su colaboración y mediación para contactar con los Cabildos y las Consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad, con el fin de regular esta situación y de buscar una mayor implicación y concienciación con el régimen de visitas, permitiendo aspectos como paseos en los entornos próximos a las residencias, o la posibilidad de que las personas dependientes puedan ir a casa y socializar con sus familiares como hace el resto de la ciudadanía.

La decisión de mantener las restricciones en estos centros es competencia de cada autonomía. El Gobierno central solo recogió, en el decreto para la nueva normalidad, obligar a las regiones a garantizar la coordinación de las residencias de mayores o los centros de personas con discapacidad con sus recursos sanitarios del sistema de salud, además de tener previstos en esos centros los correspondientes planes de contingencia para la detección precoz del virus.

Coordinación del Ministerio

El Ministerio de Sanidad refuerza su papel coordinador y podrá tomar decisiones en situaciones de emergencia, si bien cualquier medida deberá contar con el acuerdo previo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representadas todas las comunidades autónomas, a las que consultará "con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria".