Tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este jueves, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado -exministra de Justicia con Pedro Sánchez-, ha nombrado a María Farnés Martínez Frigola como jefa de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, después de una votación en la que se ha impuesto a Alejandro Salinas por 6 votos a 5. Su toma de poder pende ahora de la ratificación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Las otras dos candidatas eran Carmen Almendral, actual jefa de la Fiscalía Provincial, y Francisca Sánchez, fiscal de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife. Ninguna de las dos obtuvo respaldos. Los cinco de los que dispuso Salinas no fueron suficientes ante los seis de Farnés.

La votación celebrada este jueves en el pleno del Consejo Fiscal, que ha tenido lugar en Madrid, nombra a María Farnés en detrimento de Carmen Almendral en la jefatura del Ministerio Público en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

María Farnés Martínez Frigola fue destinada a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife en 1987 y desde 2009 es teniente fiscal de la misma. Es, asimismo, la fiscal delegada de la Fiscalía Anticorrupción en la provincia tinerfeña.

Fue la fiscal que llevó la acusación del 'caso Las Teresitas', la mayor trama de corrupción de la historia de Canarias.

En marzo de 2019, el Tribunal Supremo confirmaba las penas dictadas por la Audiencia Provincial: siete años de cárcel para Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz, por malversación de caudales públicos y prevaricación; siete años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, José Víctor Reyes; otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

Todos ellos permanecen en prisión salvo Ignacio González, fallecido en noviembre del año pasado en la cárcel de Tenerife II por una enfermedad.

Farnés también llevó en la última fase la acusación del 'caso grúas', en el que veía indicios de delito en la gestión de Fernando Clavijo en su etapa como alcalde de La Laguna.

Sin embargo, en junio la Sala II del Tribunal Supremo archivó la causa relativa al expresidente de Canarias y senador Fernando Clavijo Batlle al no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su actuación en el denominado 'caso Grúas', en el que un Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) investigó diversas actuaciones del aforado, entonces alcalde de esta localidad, relacionadas con la gestión municipal del servicio de retirada de vehículos de la vía pública a través de una concesionaria.

El pasado lunes, además, María Celia Blanco, jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, archivó el denominado caso Grúas en relación a los investigados José Alberto Díaz, Antonio Pérez-Godiño y Rosario Hernández por no ser los hechos denunciados constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación, en consonancia con lo resuelto por el Tribunal Supremo (TS) cuando dictó el archivo de la causa contra el senador Fernando Clavijo, en sentencia pronunciada el pasado 9 de junio.

"Si el autor directo no ha cometido delito alguno, tampoco los cooperadores al acto administrativo ni los cómplices de tal acto", refleja en el auto emitido el viernes pasado.