26 de julio de 2020
26.07.2020
Derechos Sociales | Puesta a punto del sistema

Dependencia desempolva más de 1.000 expedientes aparcados durante un lustro

Miguel Montero lamenta la falta de plazas para atender a las personas que tienen una prestación reconocida y apuesta por ampliar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

26.07.2020 | 00:48
Dependencia desempolva más de 1.000 expedientes aparcados durante un lustro

La dependencia en Canarias sigue con retraso. Si bien, la Consejería de Asuntos Sociales trata de actualizar expedientes que han permanecido en el cajón durante varias legislaturas. En concreto, ha puesto al día más de 1.000 valoraciones solicitadas en 2015 y 2016, cuando Inés Rojas (CC), primero, y Patricia Hernández (PSOE), después, lideraron el área. Aunque el Gobierno de Canarias no quiere actualizar el tiempo medio de espera para la tramitación de las ayudas hasta conocer los datos oficiales que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) publicarán en el segundo semestre del año, el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, está convencido de que los tiempos han bajado, aunque reconoce que las cifras no serán las esperadas porque la crisis sanitaria desatada por la pandemia de la Covid-19 ha "destartalado" los planes que tenían. Sin embargo, Montero celebra que "tras ordenar el sistema", el trabajo va por buen camino y adelanta que "la dependencia en Canarias tiene arreglo en este mandato, si el conjunto del Ejecutivo regional la entiende como una prioridad".

Según detalla el director general, desde hace cuatro y cinco años había un millar de personas a las que ni se les había llamado para reconocerles el grado de dependencia y después ver qué prestación le correspondía. "No solo era un objetivo que nos marcamos para cumplir la legislación, era algo que teníamos que hacer, simplemente, por humanidad", afirma Montero. Quien explica que ahora están empezando con los expedientes de enero de 2017, que corresponden a la etapa de Cristina Valido (CC) como consejera del área. Esto no quiere decir que no se haya tramitado ningún informe con una fecha posterior a esa, pero sí que hay personas que desde entonces están esperando por las ayudas. "Por fin hemos puesto en orden el sistema y hemos cogido velocidad de crucero en mejorar los tiempos de espera", apunta el responsable de Dependencia, quien lamenta haber heredado del anterior Gobierno la media de espera de 785 días para la resolución de un expediente.

La lucha para reducir esos casi dos años y dos meses de retraso para despachar un caso se vio ralentizada al decretarse el estado de alarma. Sin embargo, durante esos cerca de tres meses el trabajo de los técnicos de la Dirección General no paró. "Desde el mismo lunes 16 de marzo establecimos prioridades y buscamos nuevas tareas para que todos pudieran seguir avanzando", afirma Montero. En ese tiempo, se resolvieron los expedientes de más de 1.200 personas que habían fallecido en los últimos ocho años. "Por el desbarajuste que había y el trabajo acumulado no se había informado al Imserso de que esas personas, desgraciadamente, habían fallecido y, por tanto, su expediente se cierra", sostiene el director general y añade que "nadie había hecho esa tarea en los últimos años".

A buen ritmo

El Imserso destacó la labor que se está realizando desde Dependencia y Discapacidad en Canarias, ya que en su informe Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia determinó que el Archipiélago es la tercera comunidad autónoma -por detrás de la comunidad Valenciana y las Islas Baleares- que más incrementó el número de personas beneficiarias con prestación con respecto a mayo de 2019, a pesar de la situación de alarma sanitaria. El estudio, que analiza diversas variables como la evolución de los parámetros en el sistema de prestaciones a la dependencia, señala que en las Islas el porcentaje interanual de incremento de personas beneficiarias con prestación, es decir, personas que reciben una ayuda ya sea económica o como servicio -residencia, centro de día, ayuda a domicilio-, fue de un 10,4%, con 2.336 personas. "No es un dato para presumir, pero sí para decir que el trabajo técnico, por fin, tiene resultados", matiza Montero, "no es mérito mío es producto de confiar en el trabajo de los técnicos, algo que hasta ahora no se hacía".

En este sentido, el director general asegura que fueron los propios técnicos quienes el año pasado le transmitieron que en el Archipiélago, debido a la falta de recursos humanos, era imposible tramitar en una misma fase el grado de dependencia y el Programa Individual de Atención (PIA), que determina cuál es la prestación más adecuada para cada persona. "La anterior consejera contrató a una empresa externa, desconocedora de la realidad de las Islas, para implantar el modelo monofase", recuerda Montero. Quien subraya que en su primera reunión con los trabajadores de todos los servicios le señalaron como principal deficiencia del sistema los criterios establecidos para calificar un expediente como prioritario, porque "eran tantos que al final la mayoría de los informes estaban en el bloque de preferentes y se atascaban igualmente, por lo que dejaba de tener sentido esa manera de entender la prioridad".

Uno de los objetivos principales para el equipo de Montero es que las personas que tienen reconocida una prestación puedan disfrutar de ella, es decir, traducir en un derecho lo que está puesto en el papel. Sin embargo, no es una tarea fácil. La comunidad autónoma no cuenta con suficientes plazas en centros sociosanitarios para dar respuesta a todos los dependientes que ya tienen una ayuda asignada. "En Canarias había unas 9.000 personas a las que, después de todo lo que supone la tramitación de la dependencia, les corresponde una prestación y no pueden disfrutarla por falta de plazas", lamenta Montero. Si bien, celebra que esa cifra haya bajado un 10% y esté sobre las 8.000 personas que, aunque sigue siendo un dato elevado, es el más bajo de los últimos años. "Esto significa que avanzamos más lento de lo que nos gustaría, pero avanzamos", destaca.

Esta flagrante deficiencia se puede mitigar, apunta el director general, con la ampliación del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, acción que se está debatiendo en el seno del Gobierno. Aunque todas las plazas previstas en el proyecto estuvieran ya habilitadas, seguirían siendo insuficientes para atender la demanda actual. Desde la Consejería de Derechos Sociales, encabezada por Noemí Santana, consideran que hay que ampliar el presupuesto asignado al plan, ya que son necesarias más obras. No obstante, Montero adelanta que hay cabildos insulares que le han transmitido que este año tendrán dificultades para contribuir económicamente, pero sostiene que el Gobierno regional hará todas las aportaciones necesarias. Canarias está muy lejos de cumplir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estima que el número de plazas en centros para mayores debe ser del 5% respecto a la población que de más de 65 años.

Humanizar los centros

Asimismo, Miguel Montero destaca que en 2017 el plan potenciaba la construcción de un modelo de centros sociosanitarios que ya, en ese momento, estaba obsoleto. El entonces Ejecutivo de Fernando Clavijo proponía la creación de grandes residencias y centros de día que, a ojos de Montero, "deshumanizan a los usuarios", aunque reconoce que los que están funcionando en el Archipiélago desarrollan su labor con calidad. "Creemos que es necesario hacer centros más pequeños, más amables y más integrados en la vida comunitaria", detalla el director general de Dependencia, "hay que crear hogares funcionales o pisos tutelados en los que las personas sean más protagonistas de su propio tiempo y en los que puedan colaborar en las tareas, para que mejoren su autonomía".

Hace diez días, el portavoz de Asuntos Sociales del grupo popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, puso el foco sobre las dificultades de las personas con necesidades especiales. En concreto, presentó una Proposición no de Ley (PNL) en la que solicitaba más plazas para las personas con discapacidad y, especialmente, para los alumnos de Tránsito a la Vida Adulta (TVA), quienes se ven obligados a abandonar su centro escolar y a permanecer en sus domicilios debido a la inexistencia de plazas de esta categoría. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad y contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. "Las PNL se pueden aprobar y meterlas en un cajón o aprobarlas y querer cumplirlas, yo entiendo que esta hay que intentar hacerla realidad cuanto antes y tenerla en el horizonte", defiende Montero.

Oposición irresponsable

El director general reconoce que no puede dar una sola cifra de los expedientes de dependencia que quedan por responder actualmente. "Por un lado, están las solicitudes, que son más de 50.000, por otro, los que están pendientes de la valoración del grado de dependencia, los que esperan por la PIA y, por último, los que han pedido una revisión". Lo que sí garantiza es que quienes presenten una solicitud este año en cuestión de días tendrán tramitado su expediente, algo que era imposible cumplir hasta ahora. "La oposición, irresponsablemente, publicó que había aumentado el número de solicitudes y que estamos peor, pero eso no es así", afirma Montero, quien explica que "de manera temporal se ha aumentado la cifra, porque se han metido en el sistema 5.228 solicitudes que no tenían expediente y correspondían a personas que ni siquiera figuraban en las estadísticas".

Tras el parón obligado que sufrieron los reconocimientos en los domicilios ocasionado por la crisis sanitaria, las valoradoras y trabajadoras sociales han vuelto a hacer visitas para conocer la realidad de las personas dependientes que solicitan las ayudas. Las consejerías de Derechos Sociales y Sanidad diseñaron un protocolo para garantizar la seguridad, tanto del solicitante de reconocimiento como de los técnicos. Montero apunta que el personal compatibiliza las visitas con el teletrabajo, ya que muchas de las valoradoras tienen cargas familiares y, por tanto, para poder conciliar se han establecido turnos de trabajo que permitan la reanudación de las visitas. El protocolo establecía, como medida preventiva, la realización de un test de la Covid-19 al personal que hace las visitas y la distribución de equipos de protección.

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