El Estado transformará de arriba abajo el modelo de gestión por el que se rige el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y otros cuatro Organismos Públicos de Investigación (OPI) para garantizar su supervivencia en el marco de la grave crisis que está atravesando la ciencia en España. El regreso de las vacaciones de verano será un momento clave en el que probablemente ya se conocerá cuál va a ser dicho cambio. En todo caso, según informaron fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación a EL DÍA, la Administración pública desmiente haber valorado que la solución pase por una integración del IEO en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), aunque sí están "abiertos a cualquier alternativa" que repercuta en la mejora de la gestión interna de este centro.
El concepto actual de OPI así como su estructura han sido calificados por los propios científicos de sus las plantillas de estos centros como un freno para la investigación. "El concepto de OPI sigue anclado en una visión de la ciencia del siglo pasado, altamente burocratizado e ineficaz que impide ejecutar de manera ágil las líneas estratégicas de los OPI y responder a los desafíos, previstos e imprevistos, a los que se enfrenta nuestra sociedad", se destaca en un informe entregado recientemente al Ministerio de Ciencia que diagnostica la crisis del IEO y establece ciertas propuestas de actuación.
El Ministerio de Ciencia, tras reunirse con los investigadores y partes implicadas en esta problemática durante los meses de verano, pretende haber sacado alguna conclusión y plan de actuación en septiembre. Una guía clara que le permita establecer una alternativas a la estructura legal por la que se rigen estas instituciones que puedan garantizar su continuidad y resolver la situación dramática en la que está sumida la ciencia española. De hecho, los encuentros ya han comenzado.
El grupo de trabajo designado por el Ministerio para realizar el informe de evaluación del IEO, propone que -en el caso concreto de las ciencias marinas- "se explore la posibilidad de crear estructuras consorciadas con centros y universidades en las comunidades autónomas" con el objetivo de que se mejore la eficiencia de las infraestructuras, se evite redundancias en la actividad y se promueva la creación de sistemas como los que cuentan otros países como Francia o Estados Unidos. En este sentido, propone, como alternativa, unir la actividad del CSIC y el IEO en aquellas comunidades donde existan "sinergias en I+D marina". Pero son alternativas superficiales pues lo fundamental, según este grupo de trabajo, es que los OPI cuenten con recursos para "flexibilizar la redistribución entre los diferentes capítulos presupuestarios", que no se les bloquee con "complejos procedimientos administrativos" y que no se limiten sus presupuestos a un año vista.
Los más afectados por la crisis
El ministerio prevé efectuar estas modificaciones fundamentalmente en los organismos científicos que han sufrido en mayor medida los cambios que se impusieron tras la crisis económica de 2008. En 2010, en el marco del plan de austeridad del gasto público, el IEO, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico Minero de España (IGME) fueron degradados al rango de Subdirección General, perdiendo así la autonomía de la que habían disfrutado hasta el momento como Direcciones Generales.
Tras diez años en los que la situación ha ido de mal en peor, el IEO se encuentra atravesando una profunda crisis financiera y administrativa que ha paralizado prácticamente su actividad. En estos momentos, el Oceanográfico cuenta con 90 millones de euros en un Remanente de Tesorería que no puede gastar dado que no fue ejecutado en el momento en el que estaba presupuestado. Respecto a estos fondos que han caído en un saco por no haberse podido ejecutar a tiempo, el Ministerio de Ciencia aclaró que estudia buscar fórmulas para "reutilizar" parte de esos fondos secuestrados por Hacienda. No obstante, insistió en que tendrá que efectuarse "un cambio muy complejo" para poder llevar a cabo dicho menester. Normalmente, esos 90 millones de euros no se pueden dedicar a otra eventualidad sino para lo que han sido concedidos y, una vez llegan al Remanente de Tesorería, únicamente se pueden invertir en saldar deuda.
Pero el Oceanográfico no es el único centro con graves problemáticas. El IGME carece desde algo más de un año de director y la gestión en el INIA, "pese a no rozar el colapso, dificulta la ejecución de los proyectos", como explica la asociación profesional InvestOPI. De hecho, en una reunión entre los portavoces de esta plataforma y el Ministerio, la Administración consideró que "la situación de estos tres OPI es más dramática que la del resto".
No obstante, es probable que el cambio en las estructuras de gestión que está preparando el Ministerio de Ciencia también salpique al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Y es que, a pesar de mantener su rango de Dirección General dentro de la estructura científica española, arrastra -como el resto- los problemas de gestión que emanan del establecimiento de la Ley de la Ciencia de 2011 y de las distintas medidas de restricción burocrática para el gasto, aunque en menor proporción.
Los únicas dos grandes estructuras de investigación que han logrado salvar estos obstáculos con mayor fortuna han sido el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dado que ambos se integran en distintas figuras legales que les permiten tener más autonomía.
Concretamente, el CSIC está enmarcada en la categoría de agencia, lo que le permite, gracias a los cambios en la Ley de Presupuestos, una gestión financiera más sencilla que la del resto de OPIs. Lo mismo ocurre con estructuras como los consorcios, a la que pertenece el IAC, cuyo presupuesto de gasto solo está limitado por sus ingresos, lo que le permite integrarlos en los proyectos con mayor sencillez. En este sentido, el Ministerio de Ciencia advirtió de que, en un futuro próximo, el CSIC deberá reconvertirse y "buscar otro acomodo" -que difiera de su concepción de agencia-. No obstante, sentenció que el cambio al que está abocado esta institución no es tan urgente como el que debe ejecutarse en el resto de la estructura de I+D+i.
Esta es una de las medidas que se tenían en mente a la hora de redactar el Plan de choque para la ciencia y la innovación pero que, sin embargo, hasta el momento no se había desarrollado de manera implícita. En dicho documento, el área dirigida por Pedro Duque afirmaba que una de las líneas de actuación para reforzar el sistema científico español será el "impulso sostenible de la investigación y los Organismos Públicos de Investigación (OPI)". En este punto, el Ministerio propuso el "fortalecimiento de la estructura organizativa de los OPI", pero sin ahondar en qué consistiría.
