En el año 1954, el dictador Francisco Franco aprobó un reglamento de disciplina académica para las universidades públicas que continuaba vigente en el país hasta que esta misma semana el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha enviado a trámite el proyecto de decreto para su derogación. Se trata de una norma que estaba plenamente obsoleta; sin embargo, su revocación deja ahora un vacío legal que los rectores de los centros públicos piden que se solucione con una nueva norma estatal.

El reglamento disciplinario universitario del año 1954 castiga "las manifestaciones contra la religión, y moral católicas o contra los principios e instituciones del Estado", así como "la injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra los profesores" y "la suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación de documentos". Manuel Castells ha sustentado su decisión de derogar la norma en que "atenta contra los principios y valores democráticos, la libertad y pluralismo religioso, la aconfesionalidad del Estado y la regulación actual del sistema universitario español" pero ha dejado claro que el Gobierno no elaborará un nuevo reglamento.

En este sentido, la rectora de la Universidad de La Laguna (Universidad de La LagunaULL, se suma a la petición de la Conferencia de Rectores (CRUE), que ha indicado que "hace falta un reglamento de convivencia, y no de disciplina". La rectora lagunera explica que el reglamento disciplinario de 1954 "es una norma con la que mucha gente no estaba de acuerdo, por lo que creo que su derogación ha sido una buena decisión, pero hay que instaurar normas de convivencia que nos ayuden a resolver los conflictos que se puedan generar en el ámbito universitario".

Rosa María Aguilar recuerda que, "cuando convivimos muchas personas en un pequeño espacio, es normal que se produzcan conflictos. Lo que hay que hacer es reglar nuestras conductas para que los conflictos que puedan surgir se gestionen de la mejor forma posible". Es por todo ello que la rectora reclama "unas directrices generales" para todas las universidades públicas del país.

La Universidad de La Laguna cuenta en la actualidad con unas normas de convivencia propias, "pero una vez que desaparezca el reglamento disciplinario universitario necesitaremos unas directrices generales que nos indiquen por dónde debemos ir a la hora de establecer nuestras normas de convivencia", recuerda la rectora, quien detalla que, "más que una ley para castigar, es necesario contar con unas normas que nos ayuden a saber cómo nos tenemos que comportar para vivir tranquilamente en sociedad".

Un caso tinerfeño

A pesar de contar con esas normas de convivencia propia, el Rectorado de la Universidad de La Laguna no ha dudado en emplear la norma franquista en los últimos años. El caso más sonado fue, quizás, el que tuvo como protagonistas a once estudiantes de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), que en el año 2011 fueron sancionados por denunciar una negligencia en la tramitación de unas becas de la Facultad de Psicología al entregar las solicitudes fuera de plazo.

La formación estudiantil emitió un comunicado hace ya nueve años en el que indicaba que se estaba produciendo una mala gestión de la Facultad de Psicología que iba a provocar que unas 300 becas se quedaran sin tramitar. El Rectorado inició un proceso disciplinario amparado en el reglamento universitario de 1954 que se saldó con la pérdida de una convocatoria de exámenes para ocho de los alumnos, de dos para otros dos estudiantes y la prohibición de leer su tesis en el plazo de tres meses para otro.

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife dio más tarde la razón a los jóvenes, al declarar que "no se detecta ninguna expresión ofensiva o injuriosa" y que la nota de prensa emitida por la AMEC se limitaba únicamente a "exponer unos hechos con el ánimo de que se mejore el servicio y se eviten perjuicios". Ya en ese momento la sentencia sacaba a relucir la obsolescencia del reglamento de 1954. Y es que la norma aprobada por Francisco Franco recogía como infracción la "falta de probidad", es decir, de honradez. Pero esa acción no se llegó a dar en el caso de los estudiantes de AMEC, tal y como llegó a afirmar el Juzgado de la Contencioso Administrativo.