"El CIE de Tenerife no presenta unas condiciones idóneas para la permanencia de personas hasta 60 días". Esta es la conclusión del Defensor del Pueblo sobre el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, el único de estas características de la provincia. Francisco Fernández Marugán lo expone en el Informe Anual 2019 que realiza la institución que dirige en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Se da la circunstancia de que el equipo del Defensor del Pueblo que acudió al centro para realizar el informe, en septiembre del año pasado, "se vio mediatizado por un motín ocurrido horas antes, en el que se produjeron importantes desperfectos y daños en uno de los módulos". De hecho, el informe muestra la foto de un boquete en uno de los muros provocado por estos incidentes. El CIE tinerfeño es uno de los peor puntuados de toda España en el estudio realizado por esta institución de ámbito nacional. Suspende en asistencia psicológica a los inmigrantes, todos los conceptos de asistencia médica, asistencia jurídica, asistencia social y cultural, videovigilancia en zonas comunes, material de ocio y lectura y sistema sonoro de llamadas a las habitaciones.

Organizaciones sociales como Cruz Roja o Cáritas han pedido el cierre o la reconversión de estos centros de internamiento al funcionar como cárceles cuando los inmigrantes sin documentación no han cometido ningún delito penal y, por lo tanto, no debería privárseles de libertad. El incremento en la llegada de pateras a las Islas en los últimos meses -Canarias suma a 30 de junio 2.700 inmigrantes llegados por mar, dos más que los que recibió en todo 2019, año que había marcado las cifras más altas desde la crisis de los cayucos- ha desbordado los medios de asistencia humanitaria y las instalaciones de las que dispone el Archipiélago.

En otro informe del Defensor del Pueblo sobre la misma visita al CIE de Hoya Fría, dado a conocer el pasado 26 de junio, la institución pide "impartir instrucciones para que cuando los funcionarios de policía accedan al interior de las galerías de habitaciones no porten armas de fuego o éstas carezcan de cargador". Esto es debido a que los técnicos de la institución encontraron agentes que portaban armas en estas instalaciones. También denuncia que durante los referidos incidentes, los migrantes no pudieron hacer uso de los baños: "Se observó que los internos que fueron realojados en otro módulo a raíz de los incidentes habían tenido que realizar sus necesidades fisiológicas en botellas de plástico".

A raíz de las conclusiones de la visita al centro de internamiento tinerfeño, el Defensor del Pueblo solicitó información acerca de si se han previsto medidas para disminuir la población interna. "Se informó, y así se apreció, de la sobreocupación que padecía el centro, lo que unido a su estructura y el limitado espacio de las instalaciones hace que muchos internos puedan verse envueltos en incidentes a pesar de no tener voluntad", concluye el informe.