Los más de 4.847 profesionales sanitarios que trabajan en alguno de los más de 260 centros de salud o consultorios locales de las Islas han jugado un papel fundamental durante la pandemia. Su labor ha sido esencial para conceder bajas por incapacidad temporal, para realizar seguimiento de la patología de aquellas personas que sufren alguna enfermedad crónica, para cribar a los pacientes con síntomas respiratorios antes de hacerle una prueba de PCR en el hospital o para dar respuesta a aquellos ciudadanos que requerían un tratamiento aunque no pudieran salir de casa. Por esta razón, que la propuesta de la Consejería de Sanidad para reconocer el trabajo de los sanitarios durante la pandemia no les contemple, ha causado desazón e indignación entre el colectivo.
La Atención Primaria se ha convertido en un muro de contención que, con su implicación, ha sido fundamental para evitar que los hospitales de Canarias llegaran al colapso, como ocurrió en Madrid. Y es que en la capital española, muchos centros de salud se vieron abocados a echar el cierre, obligando a los pacientes a hacer uso de las urgencias hospitalarias y estuvieran expuestos a la Covid-19.
No obstante, los trabajadores de los centros de salud no solo han estados sometidos a la presión de la incertidumbre -propia y ajena-, durante estos meses también se han visto desprotegidos ante una amenaza desconocida y han tenido que acostumbrarse a los cambios continuos en las formas de trabajar. "Es como si tuvieras que sumar con números que no conoces", explica Raquel García Luque, médico de familia del Centro de Salud Doctor Guigou, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, que explica que durante la fase aguda de la crisis "se trabajó muy bien", aunque se hiciera con mucha incertidumbre.
"Hemos cubierto una demanda social", señala Laia Hernández Sierra, subdirectora del Centro de Salud de La Vera, en el Puerto de la Cruz, que recuerda que también ha sido la Atención Primaria la encargada de firmar las bajas de la población. "Ha sido una parte dura de gestionar", insiste la subdirectora del centro, que recuerda que a menudo muchos de esos pacientes colmaban de preguntas e inseguridades personales a los sanitarios. Cuestiones que ni siquiera ellos se veían capaces de responder.
Cuando llegaron los contagios
La gran mayoría del personal de los centros, a finales de febrero y principios de marzo, apenas entendía la magnitud de la crisis que se estaba fraguando detrás de los, a priori inocentes, decena de casos activos. "Tuvimos consciencia cuando hubo compañeros que se contagiaron y nos mandaron para casa con un Whatsapp", explica José María Ortega, médico especialista de Atención Primaria en el Centro de Salud Schamann, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. El centro permaneció cerrado los siguientes 15 días. Pasado ese tiempo, todos volvieron a sus puestos de trabajo "sin test ni serología". "No nos dieron ninguna seguridad y pocos días después otros cinco compañeros dieron positivo", recuerda Ortega.
De hecho, las huellas de la Covid-19 impregnan hoy al centro de salud al que aún muchos profesionales no han regresado. Es el caso de Elena Jáuregui, enfermera del mismo centro de salud, que más de dos meses después de haber contraído el coronavirus en su puesto de trabajo sigue de baja porque "le tocó" sufrir esta patología. La sanitaria dio negativo hace ya más de un mes, pero las secuelas de la enfermedad -por la que incluso llegó a ingresar- no le han permitido volver a su vida anterior.
"Nosotros derivábamos a los casos sospechosos, pero nunca recibíamos la confirmación de si era o no positivo", recuerda García Luque. A día de hoy, los profesionales desconocen si en ese tiempo estuvieron o no expuestos al virus. No obstante, esa situación fue suficiente para obligar a los trabajadores del ambulatorio santacrucero a ponerse manos a la obra y comprar su propio material de protección. "Algunos se contagiaron", admite la médico de familia, que afirma que muchos de ellos ni siquiera sabían a lo que se enfrentaban. La escasa comunicación e información sobre la pandemia son así los problemas más referidos por los profesionales, que indican, como José María Ortega, que ha habido una falta "transparencia".
Los trabajadores aseguran no querer dinero, sino "ser considerados como cualquier personal sanitario que ha luchado contra la pandemia", exige la médico de familia Ana Joyanes Romo que trabaja en el Centro de Salud del Barrio de la Salud. Y como ella, muchos otros compañeros se suman a esta reivindicación que surge de la pretensión del Gobierno de repartir 18,7 millones de euros entre el 51% de los sanitarios que integran el Servicio Canario de la Salud (SCS) como reconocimiento por su trabajo durante la Covid-19. Este premio -que aún está en fase de negociación- en su primer borrador ha omitido el trabajo realizado por celadores, sanitarios de urgencias, cocineros, personal de limpieza y mantenimiento y también de Atención Primaria. "No le veo sentido, se ha intentado seguir la estela de otros países y la paga o se lo dan a todos o no deberían darla", sentencia Raquel García.
Invertir en mejoras laborales
No obstante, y en caso de que finalmente el Gobierno autónomo quisiera invertir ese montante en condecorar a los sanitarios, los trabajadores creen que debería aprovecharse para dar solución a necesidades del sistema. Las propuestas van desde que repartirlo entre todos los empleados del servicio por igual, como invertirlo en material, contratación de plantilla o en sustituciones para que las vacaciones no se conviertan en "un castigo" para los que no se pueden marchar. Otros, como Ortega, afirman preferir que ese dinero se utilizara "para auditar todo lo que se ha hecho mal o bien", pues como afirma, es necesario aprender de lo que se ha hecho hasta el momento para poder tomar medidas correctas de cara a la segunda ola. "No podemos seguir vincular a la suerte la gestión de la pandemia".
