El oasis medioambiental que supusieron las semanas de confinamiento por la epidemia de Covid-19 ha llegado a su fin. Los comportamientos incívicos hacia la naturaleza, aunque minoritarios, han vuelto a hacer acto de presencia, en ocasiones en forma de graves daños para especies protegidas. Es el caso de lo ocurrido hace unos diez días en el entorno del Polígono Industrial de Granadilla, donde se encuentran varios ejemplares de piña de mar, un arbusto endémico que está en peligro de extinción y es objeto de un plan de recuperación por parte de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Técnicos de la empresa pública Gesplan descubrieron durante una visita a la zona que algunos de estos ejemplares habían sido quemados intencionadamente, una acción que requirió, por parte de quienes la llevaron a cabo, arrojar objetos inflamables por encima de la valla que los protegía.

El Gobierno ha trasladado los hechos al Seprona de la Guardia Civil (Seprona), que ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos e identificar a los responsables, que podrían enfrentarse a consecuencias penales, pues atentar contra especies naturales protegidas es un delito, recuerda Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Transición Ecológica. Pérez recalca que este tipo de sucesos "no se pueden permitir". La Consejería se plantea solicitar la prohibición de acceder a la zona, como ocurre con algunos puntos del Parque Nacional del Teide. "Es una medida drástica que preferiríamos no tomar, pero si fuera necesario se hará", asegura Pérez. El Ayuntamiento de Granadilla tiene las competencias sobre el lugar, por lo que se le pediría que adoptara estas precauciones en caso de que se llegue a ese extremo, al igual que a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, si se determinase que también es competente.

Al no haber hallado restos de fuego en otros puntos del recinto, los técnicos han concluido que se trata de un acto intencionado, orientado a destruir directamente los valores naturales allí localizados. De hecho, el lugar ha tenido que ser vallado en varias ocasiones en los últimos años para evitar actos de vandalismo, en los que se destrozaban las vallas para permitir el acceso de los vehículos hasta la playa del Vidrio o se robaban las mallas de protección de los ejemplares. Con la finalización del confinamiento por la crisis sanitaria ha aumentado la presencia en la zona de personas que participan en caravanas, acampadas, carreras de motos o fiestas, todas ellas actividades "ilegales", advierte el viceconsejero de Transición Ecológica.

Pérez reconoce que este tipo de hechos no son representativos, ya que, por lo general, "la gente respeta las delimitaciones". No obstante, "siempre hay casos excepcionales", en ocasiones derivados del desconocimiento de sus repercusiones legales y de la propia diversidad de los endemismos de las Islas. Ello obliga a las administraciones a ser "diligentes" y también a reforzar las acciones de concienciación. "Hay mucho trabajo por hacer", sostiene el viceconsejero.