Ayer estaba previsto que se desarrollara un juicio por un delito continuado de estafa contra el tinerfeño Santiago J. González V., más conocido en algunos ámbitos como El Pequeño Nicolás Canario. Pero la vista se suspendió porque el acusado no acudió, después de alegar problemas de salud. El procesado presentó documentación en la que expone que se hallaba ingresado en un centro hospitalario de la Isla. No obstante, según las fuentes consultadas, en los días previos también expuso que no podía asistir al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife porque tenía algún familiar con problemas de salud y él debía mantenerse a su lado.

En base a la actual situación, ahora la magistrada que lleva el asunto analiza los papeles entregados para determinar su veracidad o si se trata de una nueva argucia del implicado para no asistir al juicio. De momento, la vista ya ha sido aplazada.

El mencionado individuo tiene ya antecedentes por otros delitos de estafa. Y, en esta ocasión, la Fiscalía solicitaba para Santiago González tres años de prisión por estafar a dos personas con cantidades muy dispares de dinero. En ambos casos, actuó como fundador, presidente y representante legal del partido Juntos Por Canarias. Con el objetivo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se identificó, de manera falsa, como coordinador del servicio 1-1-2 de Canarias, subjefe de Seguridad del Estado y director en funciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante una de las víctimas, con la que entabló una estrecha amistad. Con el aval del citado partido, se ofreció a impulsar los proyectos profesionales de dicho afectado y le llegó a prometer un puesto de trabajo como agente del CNI, que no existía. Ese hombre dejó su ocupación como informático y el procesado le hizo creer que dicho empleo dependía del dinero que entregara a su partido político, según el fiscal.

Además, para reforzar el engaño, le dijo a la víctima que la Agencia Tributaria le devolvería, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el 75 por ciento del dinero donado a la organización política.

Con esa falsa promesa, dicha persona realizó dos ingresos en efectivo de 500 y 550 euros en la cuenta bancaria a nombre de Juntos Por Canarias. Y, además, efectuó tres transferencias por importe de 21.000, 6.000 y 21.000 euros. Es decir, que el montante de la estafa llegó a los 49.050 euros. Dicho ciudadano se quedó en desempleo y toda la liquidación que obtuvo tras dejar su trabajo la destinó a realizar las mencionadas transferencias.

También fingió que tenía contactos de alto nivel en el Ministerio de Defensa y le ofreció a otra persona mediar en un conflicto que tenía con las Fuerzas Armadas. En agosto del 2016, le pidió a ese afectado que le entregara 600 euros en efectivo, a la vez que simulaba que estaba desarrollando las citadas gestiones.