La obligatoriedad de uso de mascarilla es fundamental para detener la expansión del virus. Sin embargo su uso diario puede derivar a un gasto mensual que no está al alcance de toda la población. En Canarias algo más de 770.000 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y de ellas, unas 195.000 personas ingresan menos de 370 euros mensuales. Para todas, este nuevo e imprevisto gasto que genera el salir a la calle portando una mascarilla quirúrgica -a 95 céntimos la unidad en farmacia- se ha convertido en un verdadero "lujo" que llega a ser "inviable", lo que genera una nueva brecha no solo económica sino también sanitaria entre la población de las Islas.

Así lo afirma Jesús Alberto González, coordinador de animación a la comunidad de Cáritas, que señala que esta imposición supone un agravio. "Como en otros muchos aspectos, esto también abre una brecha", señala Ana Demetrio, portavoz de la Red Canaria en Defensa del Sistema público de Servicios Sociales (Redesscan), que indica que las mascarillas son "un gasto adicional" que puede resentir la capacidad económica de una familia que ya de por sí, se debate mensualmente entre qué comer y cómo pagar los recibos.

Para Demetrio, el no poder acceder a este bien de protección concurre con uno de los derechos elementales: el derecho a la salud. Personas que en muchas ocasiones, como indican los miembros de estas organizaciones, no tienen ni para pagar el recibo de la luz, "no van a dejar de comprar comida por una mascarilla", insiste González.

El problema se agrava cuantos son más los miembros que viven en una unidad familiar o cuando hay menores conviviendo en ella. Esos 30 euros al mes que puede costar el lujo de salir a calles concurridas, ir al supermercado o coger el transporte público se pueden duplicar o triplicar dependiendo de las familias. De tal modo que, por ejemplo, una madre soltera con dos hijos de más de seis años deberá gastar al menos 90 euros mensuales.

Según el último informe sobre el Estado de la Pobreza en Canarias realizado por EAPN España unas 186.000 personas en las Islas vive en condiciones de Privación Material Severa, es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo que se muestran en el apartado correspondiente. El 54,7% de ellos, por ejemplo, no puede hacer frente a gastos imprevistos y para el 8,5% es imposible comer carne, pollo o pescado cada dos días.

Pero la cosa no queda ahí, porque la imposición del gobierno también puede generar que las personas con menos recursos acaben o bien reutilizando en demasía sus mascarillas quirúrgicas -que pierden la eficacia tras cuatro horas de uso- o adquiriendo algunas confeccionadas en casa que no están homologadas y que pueden causar más perjuicio que beneficio. "Son buenas iniciativas, pero no son la protección más recomendable", señala González. Unas palabras que son ratificadas por Demetrio que considera que las mascarillas, al dejar de ser útiles, también pueden derivar en que se produzcan focos de contagio entre estas personas.

De hecho, el jefe de la sección de epidemiología de Salud Pública, Amós García Rojas, ha afirmado en varias ocasiones que no todas las mascarillas valen haciendo especial hincapié en las artesanales. "Podrían servir como una quirúrgica", señaló, pero incidió en que "no están testadas científicamente" y por tanto, alegó no poder recomendarla. En este sentido, el Ministerio de Sanidad afirmó que los materiales y métodos de confección con los que se elaboran estas mascarillas son muy diversos y pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos. Por lo tanto, no garantiza su eficacia. Ante este escenario, que está provocando ya una nueva brecha en la población canaria, las organizaciones del tercer sector están de acuerdo en que las mascarillas deberían ser un bien que se bonifique a estos grupos en riesgo de exclusión, tal y como se hace con algunos medicamentos.