Las dos universidades públicas de Canarias unen sus voces para posicionarse contra la reforma de la Ley de Educación y, en concreto, contra el escaso espacio que ocupan las Matemáticas en la programación curricular de Bachillerato. Una veintena de miembros de las dos instituciones, encabezados por los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Rafael Robaina, remitieron una carta a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en la que muestran su rechazo al papel que se otorga a las Matemáticas en el proyecto de ley que reforma la Ley de Educación.

Entre los firmantes de esta misiva, que llega en mitad del debate en el Congreso de los Diputados de la reforma educativa del Gobierno, se encuentran decanos, catedráticos e incluso el presidente de la Real Academia Canaria de Ciencias. El Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) o Ley Celaá cuenta con las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular, Vox y Ciudadanos y pretende derogar la Lomce o Ley Wert. Este texto ya fue aprobado por segunda vez en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero por el cambio de legislatura y entró en la Cámara Baja en marzo.

En Canarias, los sindicatos de la enseñanza se mostraron en contra del documento desde que fuera aprobado en el Consejo de Ministros del 3 de marzo. Los colectivos de las Islas consideran que no ha habido consenso para poder llevar a cabo su implantación y denuncian que hay sectores que se verán muy afectados, como la enseñanza concertada, en especial la religiosa, que ya han mostrado su oposición.

Docentes de Canarias-Insucan también mostró ayer su malestar por diferentes aspectos que contiene esta reforma de la Ley de Educación. El colectivo afirma que "las Matemáticas deberían ser obligatorias, aunque adaptadas a la modalidad de Bachillerato que elija cada alumno". Por su parte, Anpe Canarias lamenta que la nueva ley educativa "nazca sin consenso y con escasa proyección de futuro" puesto que el texto no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa ni incluye medidas imprescindibles para acometer una reforma profunda del sistema.