El Gobierno de Canarias apuesta por nuevos modelos de centros de atención a los mayores, que complementen a las actuales residencias, las cuales están destinadas, de forma principal, a dependientes o grandes dependientes. La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, destaca que, sobre la mesa, ya existen algunas ideas para dar un servicio diferente a dichas personas, que, con más de 70 años, pueden llevar a cabo una vida "activa" y aún tienen algo que aportar a la sociedad. "Somos muy conscientes de que, en la creación de nuevas plazas sociosanitarias, el clásico no es el único modelo posible", aclara Martínez. Y desde su departamento ya se piensa en ideas como los edificios de viviendas intergeneracionales o el cohousing, por ejemplo. Con ese anglicismo se define a complejos residenciales en los que los mayores tienen su propia vivienda y gestionan su dinero como creen oportuno, pero comparten con otras personas de su edad zonas y servicios comunes. A través de estas experiencias, se intenta evitar el aislamiento o la soledad, a la vez que se plantea un equilibrio entre su vida privada y comunitaria.
En su opinión, las residencias "clásicas", con un número importante de usuarios, como es el caso de Santa Rita 2, en el Norte de Tenerife, o El Pino, en Gran Canaria, "son necesarias, van a seguir existiendo y hay que reforzarlas". Pero recuerda que hay mayores de 70 años que están "en plenas condiciones" y que se pueden beneficiar de otro tipo de recursos. Según Martínez, una de las posibles iniciativas consiste en edificar viviendas de protección oficial, en las que en unos pisos residan jóvenes y en otros, mayores. Para ello ya se ha mantenido alguna reunión informal con la Consejería de Vivienda. Y otra es el planteamiento del mencionado cohousing. Según la viceconsejera, para desarrollar este tipo de infraestructuras "todavía no existe una Ley en Canarias".
Desde el equipo de Derechos Sociales no quieren actuar de manera unilateral y buscan conocer qué opciones prefieren los propios interesados. Por eso, su intención es convocar, lo antes que se pueda, el Consejo de Mayores de Canarias, un órgano consultivo en el que están representadas las diferentes administraciones y colectivos de personas de avanzada edad, para que sean estos quienes planteen cuáles son sus necesidades y qué alternativa encajaría mejor.
Para Martínez, "el modelo de la residencia clásica para dependientes o grandes dependientes está ya obsoleto" y se deben diversificar las opciones para que quienes tienen más de 65 o 70 años puedan elegir, ya que sus necesidades no siempre son las mismas. Y resulta evidente el envejecimiento de la población, tanto en España como en el Archipiélago. "Canarias siempre fue una región de jóvenes", dice la viceconsejera, "pero, a raíz de la crisis del 2007, la situación ha cambiado mucho" y la natalidad ha descendido también en las Islas.
No hubo casos como en Madrid
Martínez deja claro que en las Islas no se ha producido un problema como el denunciado en Madrid durante los peores días de la pandemia, por el que supuestamente hubo residentes en geriátricos que no fueron llevados a unos hospitales masificados. "El traslado de mayores a los centros hospitalarios en Canarias se ha hecho sobre la marcha, ¡faltaría más!", apunta la viceconsejera. "Que conste -aclara la responsable de Derechos Sociales- que este asunto es competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos y así se ha hecho en todas las comunidades, excepto en Madrid". Manifiesta que "en el Archipiélago a los mayores se les ha tratado de forma exquisita, ya que nos hemos coordinado el Gobierno autónomo, los cabildos, gerentes de residencias, Servicios Sociales de ayuntamientos, policías locales o el Cuerpo General de la Policía Canaria" para la detección de todos los casos de Covid-19. En el control de los usuarios de geriátricos o centros de discapacitados participan profesionales sanitarios propios de los recursos de mayores dimensiones o quienes hacen visitas a las dependencias de menor capacidad. Los casos positivos fueron llevados a los hospitales y los sospechosos quedaron rápidamente aislados.
Según Martínez, algunas de las primeras pruebas masivas de PCR fueron practicadas a los usuarios de centros de mayores y discapacitados, así como al personal que trabaja en ellos. En total hubo 161 infectados en dichas instalaciones, tanto residentes como empleados. Desde que en abril se empezaron a hacer PCR, fueron detectados 34 casos en geriátricos y 10 en recursos de discapacitados, de un total de 15.000 personas. Hasta ahora, han muerto 19 mayores en residencias y todos ellos tenían enfermedades que se agravaron con el coronavirus. Unas cifras que no tienen nada que ver con lo ocurrido en otras comunidades, según la viceconsejera. En las Islas más de 7.000 mayores viven en geriátricos. Y no hubo muertes ni entre los profesionales ni entre discapacitados.
Plan de infraestructuras
El estado de alarma, junto con su inherente parálisis administrativa y económica, ha contribuido a retrasar, aún más, los proyectos y ejecución de obras del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Archipiélago. Este programa prevé una inversión global entre 2017 y 2021 de casi 263 millones de euros, donde el Gobierno canario aporta 161.150.000 euros y los cabildos, 101.827.935. Contemplaba la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento de hasta 5.466 plazas en residencias y centros de día para mayores y discapacitados.
A finales de agosto, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, se reunió con portavoces de los cabildos y quedaron de manifiesto las dificultades de estos para terminar a tiempo algunas infraestructuras. Santana apostó por flexibilizar las condiciones y resolver los posibles obstáculos que hubieran surgido. En octubre, la consejera decidió ampliar la vigencia de los convenios con los cabildos para que pudiesen finalizar las obras previstas y así beneficiarse de los 43 millones en ayudas que correspondían al 2019. Ante la situación generada por la pandemia, Martínez reconoce que habrá que plantear otro encuentro con los representantes de Bienestar Social en las corporaciones insulares para fijar nuevos plazos de finalización de trabajos.
