Canarias aceptó ayer el documento con las instrucciones presentado por el Ministerio de Educación para la vuelta a clase el próximo curso escolar. Tan solo Madrid, Cataluña y País Vasco se desmarcaron de esta propuesta que fue expuesta durante el transcurso de la Conferencia Sectorial de Educación que congregó a las comunidades autónomas y el Gobierno de España. La vuelta a las aulas será en cualquier caso presencial aunque las autonomías han solicitado más competencias para los gobiernos regionales. La ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció a comienzos del mes de mayo que, si no había vacuna para entonces, tan solo la mitad de los alumnos se reincorporaría a las aulas de manera presencial en septiembre. Ahora, sin embargo, el Gobierno da un paso atrás y apuesta por una vuelta total del estudiantado a los colegios y reduce en algunos casos la distancia física de seguridad. Todo esto parece que no ha importado a la mayoría de las comunidades autónomas, que ayer aceptaron las instrucciones del Ministerio para la vuelta a clase.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, explicó ayer que el documento presentado por el Gobierno central cuenta con 14 puntos que tratan de guiar el inicio del próximo curso escolar y que está acompañado de otro borrador redactado de manera conjunta por los ministerios de Sanidad y Educación. Este texto será ahora objeto de análisis por parte de las comunidades autónomas, que podrán proponer modificaciones.

Compromiso firme

Valbuena valoró que "existe un compromiso firme por parte del Ministerio para ayudar al sector con los 2.000 millones de euros que anunció el presidente del Gobierno de España que se destinarán a Educación". A esta medida se suma ahora también la puesta en marcha de programas específicos de ayuda para mejorar las dotaciones digitales de los centros, para las familias y para acompañar y desarrollar programas específicos para los alumnos que han tenido especiales dificultades en este final de curso. "El objetivo es poder complementar la docencia que se ha impartido durante este curso con medidas a lo largo del año académico 2020/2021", añadió José Antonio Valbuena. A pesar de que la mayoría de comunidades autónomas han aceptado la propuesta del Ministerio, ayer ya propusieron algunos cambios al texto. De este modo, se han adaptado "un par de aportaciones de enmiendas adicionales" a tres puntos "para lograr una mejor comprensión", explicó Isabel Celaá después de que finalizara la reunión con las autonomías.

Se trata del punto 6 que en su origen establecía que "en el inicio y desarrollo del curso, las administraciones seguirán las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias". A este texto se le añadieron los términos "estatales y autonómicas respetando lo dispuesto en el Real Decreto Ley vigente 21/2020 del 9 de junio, así como la distribución competencial existente". Algo similar ocurre con el punto 7, que señala que las administraciones educativas trabajarán con los servicios propios de protección de riesgo laborales, "en el marco de las autoridades sanitarias antes mencionado". Además, en el punto 9, que se refiere al plan de inicio de curso con el que tienen que contar los centros educativos, se precisó que este se debe adaptar a las condiciones de la nueva normalidad, en cuanto a horarios y espacios, según lo que "determinen las administraciones educativas".

El documento con las instrucciones para la vuelta a clase el próximo curso establece el número de jornadas lectivas que habrá que cumplir y que será de 175. Las clases comenzarán en septiembre y se mantendrán unas pautas temporales similares a años anteriores aunque "adaptando su aplicación a los distintos centros y a las circunstancias concretas que puedan producirse en los mismos", precisó ayer Celaá.

El texto establece que la educación lectiva presencial se aplicará "como principio general durante todo el curso" y que los centros adaptarán en todas las etapas su programación didáctica en el marco de lo que establezcan las comunidades autónomas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados durante este curso escolar tan atípico.

Repercusiones

Anpe Canarias reclamó ayer que se cumplan todas las recomendaciones sanitarias vigentes de cara a la vuelta a las aulas en septiembre y manifestó su "perplejidad" ante las directrices del Ministerio de Educación al rebajar las exigencias previstas en cuanto a alumnos por aula y el uso obligatorio de mascarillas. El sindicato resaltó que debe hacerse todo lo posible por garantizar la docencia presencial para que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades y no se repitan situaciones de desigualdad que se han dado estos meses de confinamiento.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, destacó ayer la necesidad de reducir las ratios sustancialmente, sobre todo en las etapas de Infantil; reforzar las plantillas de profesorado, personal de administración y servicio y resto de personal no docente: la puesta en marcha de programas de refuerzo, apoyo educativo y acompañamiento personalizado; y dotar convenientemente los servicios de prevención propios en el departamento de educación, entre otros aspectos.

La presidenta de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Madres y Padres de Canarias (Confapa), Josefa Méndez, reconoció ayer que las familias "no entendemos el cambio que se ha producido en la propuesta de Celaá, quien primero habló de una vuelta a las aulas de tan solo el 50% de los alumnos. Nada ha cambiado en cuanto a la posibilidad de contar con una vacuna para entonces pero ahora sí se podrán reincorporar todos los alumnos". Méndez también hizo hincapié en la necesidad de que toda la comunidad educativa lleve mascarillas porque "es algo que lo que debemos convivir y el virus no entiende de cursos, edades o familias".

La representantes de los padres defendió además que "la distancia de seguridad se debe mantener en todos los niveles, sobre todo porque existen muchos centros masificados y cuyas aulas son pequeñas por lo que no cumplen las condiciones de habitabilidad ni en una situación normal". En este sentido, recordó que la inversión para Educación "tendrá que ser bastante cuantiosa porque es necesario aumentar el número de profesores, dotar a los centros de los materiales que permitan hacer frente al virus y habilitar nuevas instalaciones".

El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, defendió la necesidad de "volver a la normalidad porque es algo que anhelamos todos" y añadió que "queremos creer que estas medidas propuestas están bien fundamentadas y garantizan los principios de seguridad hacia la salud y, si se hace bien, la introducción de los grupos de convivencia estable entre los alumnos puede ser una buena forma de integración". El presidente del Consejo Escolar destaco la necesidad de abordar también la parte académica del nuevo curso puesto que "se nos presenta como una oportunidad para mejorar esos currículos que se encuentran sobrecargados en la actualidad".