La crisis sanitaria desatada por la pandemia de Covid-19 y la hibernación de la mayor parte del tejido productivo de Canarias ha arrastrado a la exclusión social al 30,8% de la población de las Islas. Esta situación, tan inesperada como dramática, ha hecho tambalearse los frágiles cimientos de la economía de aquellos que se encontraban integrados en la sociedad de una forma precaria, todavía tambaleantes por el mazazo de la crisis económica de 2008. Así lo explicó la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, quien además advirtió que ese porcentaje se suma al 29% de la población que ya se encontraba en situación de exclusión social en 2018, según el octavo informe Foessa, que la organización presentó el pasado mes de septiembre. Esta coyuntura ha obligado a Cáritas a redoblar esfuerzos y a realizar un trabajo titánico para atender a los 3.050 hogares que han precisado de su ayuda tras decretarse el estado de alarma. Esto supuso un aumento del 74,2% en el número de intervenciones, con respecto a los días anteriores al inicio de las medidas de confinamiento.

Los colectivos más afectados por esta embestida son las personas sin hogar, las mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata y los migrantes. Estas personas, según palabras del obispo de la Diócesis canariense, Francisco Cases, quedan "fuera de página", por lo que son la prioridad de la acción sociocaritativa de Cáritas. Estos hombres y mujeres quedan al margen de la sociedad y están lejos de la protección de la red de ayudas sociales. Por esto, Suárez denunció la necesidad de modificar las estrategias públicas de acceso a derechos para atender a los colectivos más desfavorecidos quienes, ni siquiera, cumplen los requisitos necesarios para acceder al Ingreso Mínimo Vital, aprobado el pasado miércoles en el Congreso, ya que carecen de un empadronamiento con el que poder justificar los ingresos de la unidad de convivencia, no tienen una cuenta bancaria o no están inscritos como demandantes de empleo.

A pesar de que Cáritas carece de respaldo económico por parte de las administraciones públicas para hacer frente al nuevo contexto social, la institución ha tratado de dar respuesta a la avalancha de necesidades que han aflorado tras decretarse el estado de alarma. Entre otras labores, ha puesto a disposición de la población servicios básicos como suministro de alimentos, servicio de duchas, atención telefónica o el pago del alquiler a familias sin recursos. En concreto, durante el estado de alarma, atendieron en Las Palmas de Gran Canaria a 512 personas sin hogar y pasaron de ofrecer 90 menús diarios en el comedor a dar 308.

"Esta crisis ha puesto de manifiesto la importancia de lo público, de aquello que es de toda la comunidad", defendió Suárez, quien sostuvo que espera que el nuevo contexto "sirva para desarrollar políticas sociales que apuesten por aquellos que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social, sin dejar a nadie atrás". Asimismo, la secretaria general de Cáritas concluyó que "es más necesario que nunca poner en marcha estrategias redistributivas, que eviten que esta fractura social sea cada vez mayor y que quienes salgan perjudicados de la crisis siempre sean las mismas personas".