La organización ecologista Greenpeace asegura que empresas españolas, principalmente de Canarias, importan carne procedente de ganaderías que se aprovechan de la deforestación de la Amazonía y proveen de ella a grandes grupos hoteleros del país.
En un comunicado, Greenpeace asegura que una investigación conjunta de su organización en Brasil y de Repórter Brasil "evidencia los vínculos entre la deforestación producida por la expansión ganadera en el interior de espacios protegidos de Brasil, las exportaciones brasileñas de carne congelada y el consumo de esta carne en los mercados internacionales, incluidos países de la UE".
En el caso de España, algunas empresas importadoras de esta carne congelada, principalmente ubicadas en Canarias, tienen entre sus clientes a grandes cadenas hoteleras españolas, según este grupo ecologista.
La investigación de Greenpeace se centra en el Parque Estatal Ricardo Franco, un espacio protegido de 158.000 hectáreas creado en 1997 en la frontera entre Mato Grosso, en Brasil, y Bolivia.
Debido a su alta biodiversidad, el parque fue creado bajo la categoría de "protección integral".
Según el análisis mencionado, desde la creación del parque, más de 12.000 hectáreas han sido deforestadas y, en la práctica, el 71 % de su área es reclamada por el sector ganadero como propiedad privada.
Estas granjas ganaderas dentro del espacio son incompatibles con los objetivos de protección, defiende Greenpeace.
De las 137 granjas destacan dos de ellas: Paredão I y II, que suman más de 4.000 hectáreas, de las cuales, al menos, 2.000 hectáreas han sido deforestadas ilegalmente, añade la ONG.
En 2016, los daños ambientales en estas granjas fueron objeto de investigaciones y acciones judiciales por parte de la Oficina del Fiscal del Estado de Mato Grosso.
"El caso del Parque Estatal Ricardo Franco se repite en muchos otros lugares de la Amazonía. El actual repunte de la deforestación en el interior de áreas protegidas y tierras indígenas está directamente relacionado con las declaraciones, políticas y estímulos promovidos por el actual presidente (Jair) Bolsonaro", asegura el responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto.
La investigación encontró que, entre abril de 2018 y junio de 2019, el ganado de estas dos granjas (Paredão I y II) fue vendido a otra instalación ganadera del mismo propietario pero ubicada fuera del espacio protegido.
Esta granja es un proveedor importante de carne de los principales mataderos de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva.
Pero estos mataderos solo realizan una evaluación de la última granja por la que pasó el animal antes de su sacrificio, no un monitoreo de todos los proveedores a lo largo de la cadena de suministro, lo que permite, de esta forma, la entrada de animales que pastaban ilegalmente en el citado espacio protegido dentro de la cadena.
Este esquema es un verdadero "lavado de ganado ilegal" y facilita que las reses puedan ser suministradas a mataderos que se han comprometido públicamente a limpiar sus cadenas de suministro de ganado procedente de áreas afectadas por la deforestación e invasión de áreas protegida, asegura Greenpeace.
"La Unión Europea no puede permanecer al margen del enorme impacto ambiental y social de sus cadenas de suministro. El consumo de los europeos provoca cambio climático, pérdida de biodiversidad y violaciones de los derechos humanos", según Soto.
En su opinión, "es urgente que la Comisión Europea ponga en marcha la anunciada legislación que impida la entrada en la Unión Europea de materias primas procedentes de la deforestación".
Datos recientes analizados por Greenpeace Brasil muestran que la destrucción del Amazonas se está acelerando. Durante el pasado mes de mayo las alertas de deforestación aumentaron un 34 % en comparación con el mes anterior.
