El plan canario de desescalada educativa llega mal y tarde. Esta orden de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias parece que no termina de consensuarse y, mientras se redacta -y ya van dos meses-, deja a los centros escolares del Archipiélago indefensos ante una posible reapertura. Estas instrucciones quedaron sobre la mesa el lunes tras la dimisión de María José Guerra como consejera de Educación, y le toca ahora a José Antonio Valbuena -designado por Ángel Víctor Torres para ocupar el cargo de manera temporal- hacer frente a un documento impreciso y que no acaba de convencer a los diferentes sectores de la comunidad educativa.
La entrada en la fase 2 de la desescalada permite que, desde el lunes, abran los centros del Archipiélago; sin embargo, la falta de instrucciones para la vuelta a las aulas ha provocado que se retrase hasta la próxima semana este regreso que en cualquier caso será voluntario y muy específico. Y eso es básicamente lo que se sabe hasta la fecha, porque la falta de una orden por parte de la Consejería de Educación mantiene a los centros, los alumnos y las familias en vilo.
Un primer borrador de ese plan canario de desescalada educativa, al que ha tenido acceso este periódico, fue presentado hace una semana ante parte de este sector, que continúa haciendo propuestas de cambio para algunos puntos. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, adelantó el fin de semana que serían los equipos directivos de cada centro los que establecerían los protocolos de vuelta y esa es precisamente una de las cuestiones que más ampollas ha levantado entre los sindicatos, que creen que los directores no pueden ni deben asumir tal responsabilidad y han de estar amparados en cualquier caso por la Consejería de Educación.
Comisiones Obreras. El secretario general de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, apremia a que "se incorpore una partida económica específica para Educación en el Pacto para la reactivación económica y social de Canarias para dotar de recursos necesarios a los centros, al profesorado y al alumnado, evitando las famosas brechas que se han puesto de manifiesto en este tiempo". El representante considera que "la negociación colectiva es prioritaria en estos momentos, en dos vertientes, la de la prevención de riesgos para la salud, y para garantizar las condiciones laborales, las adaptaciones de los currículos, espacios, recursos y de organización, así como los refuerzos educativos que hagan falta para el próximo curso".
Una de las críticas del representante sindical es el incumplimiento por parte de la Consejería de Educación del calendario elaborado dentro de este plan. Se trata de una programación que arrancaba el pasado día 11 con el inicio de la limpieza y acondicionamiento de los centros para prepararlos para la reapertura. No obstante, el gran incumplimiento de esta agenda es el que contemplaba que el lunes se iniciaba el asesoramiento y la orientación presencial del alumno en los centros, sobre todo en el caso de los estudiantes de 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. "No ha sido posible realizar lo previsto en las semanas anteriores, por lo que no se dan aún las condiciones de seguridad y salud necesarias para comenzar esa nueva fase", lamenta el representante.
En cualquier caso, más allá de cuándo comiencen estas clases presenciales, lo que está claro es que se hará en pequeños grupos de hasta diez menores, y que siempre será de manera voluntaria. Se trata de una medida pensada específicamente para "alumnos con dificultades para titular" reza el plan, pero Barroso critica que "nada de eso está regulado", sobre todo aquello referente a la designación del alumnado que de manera voluntaria regrese al centro, puesto que no se han establecido los requisitos para formar parte de estos grupos. El secretario general de Enseñanza recuerda, además, que "tampoco entendemos que se hable de grupos de diez chicos si las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad indican que no se pueden realizar agrupamientos".
Esta orden contempla la reapertura de las escuelas infantiles de 0 a 3 años a partir del próximo lunes con la puesta en marcha de un plan específico pero este aún no se está definido, aunque falta menos de una semana para esa cita. Barroso reconoce que "no apostamos por esta medida porque será muy difícil garantizar la seguridad de este alumnado en concreto, pero si realmente nos convencen con esos famosos protocolos que no sabemos si existen o no, quizás podríamos cambiar de opinión. Lo que está claro es que no lo aceptaremos estando a ciegas".
La orden propuesta por Guerra incluye un plazo para la presentación de trabajos de fin de curso y la realización de pruebas de acceso para Formación Profesional, escuelas de música, enseñanzas deportivas, artísticas y escuelas de adultos que comenzó el lunes y se prolongará hasta el 2 de junio. "Son citas a las que acude un volumen importante de personas y no se especifica nada sobre las medidas que se van a tomar para su realización", explica Barroso, quien añade que "tampoco se establece cómo se desarrollará el proceso de incorporación voluntaria del profesorado, ni las adaptaciones de los puestos de trabajo de los docentes que han declarado ser personal potencialmente sensible de contraer el Covid-19".
Anpe Canarias. El sindicato de docentes reclama "instrucciones claras y precisas" y lamenta que la anterior consejera dejara la decisión sobre la vuelta a las aulas en manos de los equipos directivos de cada centro, "algo que es un error porque los docentes no tienen ni deben asumir responsabilidades sanitarias ni de riesgos laborales". Y es que el documento propuesto por Guerra llega a precisar que "cada centro elaborará un plan propio que deberá contar con el visto bueno de las autoridades educativas y sanitarias".
A pesar de que el plan contempla la voluntariedad del alumnado para acudir a los centros a esas clases de apoyo, no se especifica nada sobre la voluntariedad de asistencia de los docentes. "En Canarias hay más de 300.000 alumnos y más de 24.000 docentes en el sistema público y cualquier paso en falso puede suponer que se abran nuevos focos de contagio y que el esfuerzo de toda la sociedad canaria caiga en saco roto", indica el presidente de Anpe, Pedro Crespo.
El distanciamiento físico necesario para poder garantizar la seguridad sanitaria hace necesario, además, que se habiliten nuevos espacios en los que poder dar clase y que hasta ahora no acogían esta práctica. En este sentido, Anpe indica que "las infraestructuras de los centros públicos de Canarias están, en gran medida, obsoletas y requieren adaptaciones para poder cumplir con las medidas de distanciamiento social que recomiendan las autoridades sanitarias para frenar la expansión del Covid-19" y añade que "la adaptación y reutilización de espacios que ahora no funcionan como aulas no es viable con tan escaso margen de tiempo".
El sindicato de docentes destaca la necesidad de valorar algún tipo de formación al profesorado para la docencia online. "Se debe ofertar formación específica para que tengan más herramientas de cara al próximo y los recursos necesarios para adaptarse al previsible modelo semipresencial que se implante y para posibles escenarios de cierre de centros si hay un rebrote", afirma Crespo.
Consejo Escolar de Canarias. El borrador de esta propuesta del plan canario de desescalada educativa fue presentado la pasada semana ante representantes de la comunidad educativa del Archipiélago en el marco de un pleno del Consejo Escolar de Canarias. Tras esta exposición, las líneas básicas del documento fueron enviadas a los diferentes sectores de este colectivo para poder incluir las últimas apreciaciones antes de que la Consejería de Educación mostrara el texto definitivo. El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, indica que "en ese momento insistimos en que el documento marco era correcto pero que hacía falta incluir algunos detalles más, sobre todo en lo referente a dejar en manos de los equipos directivos el grueso de la toma de decisiones". Aciego recuerda que "es el Ministerio de Sanidad el que establece las pautas generales y es la Consejería de Educación la que dicta la norma porque la competencia es de las autonomías; los directores de los centro únicamente tienen que ejecutar esas normas".
La principal demanda de este representante del Consejo Escolar de Canarias es que la comunidad educativa ha de ser escuchada para poder elaborar un plan de desescalada que responda a todas las necesidad del sector. "Al fin y al cabo somos los que están al pie del cañón y queremos ser escuchados", sostiene el docente quien añade que "el personal de administración y servicios, que forma parte de la comunidad educativa, también necesita ser tomado en cuenta y es algo que no se ha producido hasta el momento".
Coordinadora del Personal Laboral. La Coordinadora del Personal Laboral de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes también ha denunciado el "más absoluto silencio y la inexistente coordinación e información" hacia los representantes de los trabajadores por parte de los distintos responsables de la Consejería de Educación. Sostienen que se trata de una situación generada por la falta de coordinación entre la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Personal puesto que la primera remitió un comunicado a los centros educativos de no incorporación del personal no docente, mientras la instrucción que facilita la Dirección General de Personal es radicalmente opuesta.
