La Covid-19 ha detenido el turismo, las gestiones y la industria, pero no ha ocurrido lo mismo con las migraciones. La gran afluencia de migrantes durante los últimos tres meses -1.300 desde que empezó el estado de alarma-, unida al temor que ha generado la constatación de tres casos de coronavirus entre miembros de este colectivo, ha obligado a la Delegación del Gobierno a exigir e implantar pruebas masivas y en el menor tiempo posible a estas personas que llegan a las costas de las Islas. Por tanto, a partir de ahora, cualquier migrante que arribe a las costas del Archipiélago deberá pasar por un control sanitario y, en caso de que fuera necesario, permanecer aislado del resto del grupo.

En el día de ayer llegaron 141 personas a las costas de Gran Canaria y Fuerteventura; 51 lo hicieron a la 1:30 de la mañana al puerto de Arguineguín en un barco de Salvamento Marítimo y otras 35 llegaron por sus medios sobre las 13:00 horas a la playa de Las Carpinteras. A última hora, otras 55 fueron rescatadas y llevadas hasta Gran Tarajal, en Fuerteventura. Y, aunque hace ya 10 días que entró en vigor la norma para mantener la cuarentena a cualquier persona que entre en el país -lo que también afecta a migrantes- "sigue sin existir un protocolo claro", como constató Txema Santana, portavoz del CEAR en Canarias.

La Consejería de Sanidad, al igual que con otros grupos poblacionales, será la encargada de realizar a las pruebas pertinentes en relación al coronavirus. Aún se encuentra en valoración si estas pruebas se harán a pie de playa, en centros de salud o en una carpa similar a la de los puntos de recogida de muestras del Servicio Canario de la Salud, pero, como indicó la Consejería de Sanidad, "se irá definiendo", puesto que depende del lugar en el que atraquen estas embarcaciones.

No serán los únicos que deban someterse a la prueba de la Covid-19. También deberán hacerlo los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hayan tenido contacto con los migrantes. Así lo comunicó ayer la Delegación del Gobierno, que afirmó que "todas las administraciones -estatal, autonómica, insular y local- trabajan coordinadamente en un ámbito en el que es preciso conciliar atención humanitaria con protección de la salud pública". En este sentido, y a tenor de los últimos hechos constatados, afirmó que bajo este criterio, se han seguido las recomendaciones previstas en materia de salud pública, y que incluyen el aislamiento dentro del espacio al que ha sido trasladado el grupo, dependiente de la entidad de acogida, la activación de mecanismos habituales de desinfección e higienización de los espacios en que se desarrollen las tareas de filiación e identificación, y el aislamiento, prevención y seguimiento para evitar posibles brotes.

Desde ayer, todos los inmigrantes que arriben a Gran Canaria serán trasladados a una nave del Puerto de la Luz y de Las Palmas que es propiedad del Gobierno del Estado. En dichas dependencias se llevarán a cabo los trabajos de filiación e identificación por parte de la Policía Nacional, así como pasar la cuarentena de 14 días antes de acudir a otros centros. La citada nave del recinto portuario fue uno de los recursos previstos por la Delegación del Gobierno desde finales del pasado año por si saturaban los centros de acogida de inmigrantes que no reunían requisitos para entrar en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) fue una de las organizaciones que se opuso a que los calabozos de las comisarías fueran los enclaves donde se filiara, identificara y se desarrollara la cuarentena de los inmigrantes durante dos semanas, ya que no están diseñados ni reúnen las condiciones idóneas para ello.

En los últimos tres meses, al implantarse el estado de alarma, los traslados de migrantes a la Península se han detenido en seco, lo que está llevando a Canarias "al límite" en relación al número de plazas, como afirmó el portavoz de CEAR en Canarias. En este tiempo han llegado 1.300 personas en 31 embarcaciones que recorrieron la ruta migratoria canaria. Esta ruta, una de las únicas abiertas actualmente, parte de tres lugares: el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental y Mauritania; este último, país de procedencia de los últimos migrantes. Esta cifra supone el 54% de las migraciones que se han dado este año hacia las islas, un total de 2.267 desde enero. En todo mayo han arribado 420 personas a las costas y solo en los últimos 15 días lo han hecho 283. "Nada parece indicar que la ruta vaya a rebajar su intensidad", insiste Santana, que recuerda que desde que se reactivara en septiembre de 2019, solo "ha ido creciendo".

Por su parte, la Secretaría de Estado de Migraciones afirma que todo el territorio cuenta con más de 700 plazas liberadas en las entidades con las que colaboran, que, además, están preparadas para acoger y guardar distancias, o para hacer uso de ellas en caso de que fuera necesario aislamiento. Desde el momento en que llegan, tanto la Secretaría de Estado de Migraciones como Cruz Roja "despliegan el sistema de acogida para encontrar en el menor plazo de tiempo posible, las plazas adecuadas en función de la situación de cada persona y familia llegada".