El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Entre otras cuestiones, el documento no prohíbe, pero destierra, la matriculación a partir de 2040 de vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2) y la instauración de zonas de bajas emisiones en ciudades con más de 50.000 habitantes e islas. Reactivar la economía es uno de los objetivos que se marca la ley.
La liberalización del suelo y el consiguiente auge de la construcción fue la fórmula ideada por José María Aznar para sacar a España del ocaso en que había quedado inmersa tras los fastos de 1992. La devaluación salarial para dinamizar las exportaciones fue la que implementó Mariano Rajoy para superar la Gran Recesión de finales de la pasada década. Acabar con los daños al planeta es la idea que tiene el actual Gobierno de España para rescatar a la economía del parón al que la ha conducido la pandemia global del coronavirus.
Así lo manifestó, tras la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: "En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al Covid-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo", expuso. La también vicepresidenta cuarta del ejecutivo central se mostró segura de que la norma traerá "impactos positivos" para la economía y el bienestar "que pueden empezar a materializarse de forma inmediata". Más allá de los cambios que se prevén para el parque móvil, con la condena al destierro a partir de 2040, y ausencia absoluta diez años más tarde, para los vehículos con motores diésel, de gasolina e incluso híbridos, el marco legislativo que acaba de entrar en las Cortes promueve iniciativas como la peatonalización y la promoción del transporte público, que también habrá de garantizar nulas emisiones de gases nocivos.
El documento, de 36 artículos distribuidos en nueve títulos, faculta a Canarias -y a Baleares- para solicitar "medidas de promoción de la movilidad limpia" y que se restrinja "la circulación de turismos y furgonetas contaminantes". Así lo contempla, además, la normativa europea en vigor que rige este aspecto.
No obstante, el mayor reto que deberá afrontar el Archipiélago a corto y medio plazo es el de contar con un sistema eléctrico sostenido íntegramente por fuentes renovables antes de 2050. El anterior Gobierno canario ya colocó esa fecha como tope, pero a 30 años vista y con la actual velocidad de penetración de las energías limpias, se antoja un reto ambicioso, cuando menos. El texto que obtuvo ayer el visto bueno del Consejo de Ministros establece, además, que el conjunto del Estado tiene que alcanzar el 70% en este capítulo antes de 2030.
En anteriores crisis, la innovación ha sido precisamente uno de los capítulos que, de manera sistemática, se ha visto más dañado por las restricciones presupuestarias que impone el pago de la deuda. De momento, al menos sobre el papel, el Ejecutivo central parece dispuesto a que ocurra todo lo contrario.
Para ello, no bastará con aprobar nuevos parques eólicos, reactivar la fotovoltaica -pendiente de una subasta que debería haberse convocado antes de terminar el pasado año- y fomentar el autoconsumo. Se hacen necesarias infraestructuras de almacenamiento que den estabilidad a un sistema cien por cien limpio y propiciar la entrada de otras tecnologías, como la eólica marina, para la que las Islas se han convertido en banco de pruebas.
El proyecto de ley contempla, además, aportar estabilidad a los inversores desterrando dudas sobre la retribución en el largo plazo. Se establece un precio para la energía generada durante toda la vida útil de la infraestructura.
"Es un proyecto en el que nos retratamos", afirmó Teresa Ribera sobre un texto que no ha hecho sino arrancar su tramitación parlamentaria. Los diferentes grupos harán ahora sus aportaciones. Algo a lo que les animó la ministra ante un debate "clave".
