Joaquín Astor-Landete, presidente de la Audiencia de Tenerife y miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, opina, a título particular, su oposición a la propuesta del Gobierno. Está a favor de concentrar las vacaciones de todos los operadores jurídicos en agosto. Estima que en dicho mes solo se deben señalar los juicios de causas con preso, medidas cautelares en el ámbito de la familia que sean urgentes y, en general, cualquier otro proceso para el que haya plena conformidad entre las partes para su celebración. "En definitiva, se trata de conseguir que en mayo, junio, julio y los meses posteriores a agosto la Justicia pueda funcionar a pleno rendimiento, sin perjuicio de las limitaciones que pudiera imponer el estado de alarma si siguiera vigente", expone este magistrado. Manifiesta que la celebración de juicios en la segunda mitad de agosto resulta en la práctica muy difícil, en la medida en que esas semanas coinciden con las vacaciones de profesionales y con otras personas que participan en dichos actos, como testigos, peritos o los perjudicados; "lo que haría que se pudieran celebrar muy pocos". Para el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, "sin embargo, al tener que separar las vacaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y profesionales durante varios meses para poder habilitar agosto, el perjuicio a la Administración de Justicia podría ser mayor".