La Dirección de la empresa Grupo Norte informó a los representantes de los teleoperadores del 1-1-2 de Canarias de que, a partir del 15 de mayo, dicha plantilla quedará subrogada y pasará a depender de otra concesionaria, Contactel Teleservicios S.A. Con esta medida de urgencia adoptada por el Gobierno autónomo está previsto que dichos empleados, que se ocupan de recibir las llamadas de los ciudadanos, finalicen el periodo en el que han percibido con retraso sus nóminas, debido a un problema de liquidez sufrido por Grupo Norte a nivel nacional.
En la carta remitida por dicha compañía a los portavoces de la plantilla, se explica que, tras una reunión celebrada el pasado 20 de abril entre Grupo Norte y la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), se llegó a materializar, de mutuo acuerdo, una resolución del contrato mercantil que une a ambas entidades. Toda la plantilla será subrogada por parte de la nueva sociedad.
El representante de USO Canarias entre los empleados, Freddy Hernández, explica que hay dos asuntos. Uno ha tenido un carácter más coyuntural, como es el retraso en el cobro de nóminas, por los problemas económico-financieros de Grupo Norte. Opina que este asunto se resolvió en unas pocas horas, gracias a la intervención del gerente de GSC, Elías Castro. Contactel asumirá dicha prestación hasta comienzos del próximo año y se intenta garantizar el cobro puntual de los salarios entre los más de 70 trabajadores.
En cuanto a Contactel, se trata de la concesionaria que efectuó la prestación antes de que Grupo Norte se hiciera cargo del área de demandas de la sala del 1-1-2 y no se presentó a la convocatoria de 2017. El representante de USO señala que, al parecer, "hay un procedimiento de urgencia" y "no nos han dicho nada hasta hoy (ayer), cuando nos informaron de que la subrogación es inminente y se ha hecho este proceso sin ningún tipo de transparencia; no sabemos en qué se están basando". "Solo sabemos que esto es provisional, hasta el final del contrato", comenta. También lamenta que nadie del Gobierno canario o de GSC se haya sentado a hablar con los trabajadores para conocer sus planteamientos.
Hernández señala que el problema estructural de la plantilla es que depende de una empresa privada externa y que, con la llegada de cada nueva concesionaria, temen reducciones en sus ingresos económicos y en sus condiciones laborales. Es decir, a juicio del portavoz de USO, el principal escollo para los empleados que reciben, clasifican y redirigen las llamadas del 1-1-2 está en la externalización del servicio. Como ejemplo, indica que "nadie puede pensar que los quirófanos de un hospital o los conductores de Titsa" puedan pertenecer a una sociedad mercantil diferente a los organismos públicos que gestionan los centros sanitarios o la citada empresa pública de transportes.
"¿Quién nos dice que no pasará lo mismo de Grupo Norte dentro de seis meses?", se pregunta Hernández. Recuerda que a los concursos para optar al servicio se presentan mercantiles con ofertas económicas a la baja que tratan de lograr los mayores beneficios posibles a costa del personal.
