Las diligencias por violencia de género bajan un 25% en el primer mes de alerta

Comparación con 2019

La cifra de diligencias incoadas en la delegación especializada en violencia de género del Ministerio Público refleja una reducción del 45% en estos procedimientos respecto al mismo periodo del año pasado. Así lo reflejan los "datos fríos"; sin embargo, ante esta diferencia hay que tener en cuenta que en el momento actual no llegan a la Fiscalía los partes de lesiones que emiten los médicos a las víctimas en los centros de salud u hospitales. Debido a la situación excepcional, estos documentos son entregados por el personal sanitario de forma directa a los agentes de la autoridad que llevan el delito. Es decir, que, en primer lugar, no se duplican diligencias por esta vía. Y tampoco se producen inhibiciones de un juzgado a otro, lo que en condiciones normales también eleva las estadísticas iniciales.

Las fuentes consultadas también confirman un menor número de denuncias, tanto en los puestos de la Guardia Civil como, sobre todo, en las comisarías de la Policía Nacional. El mayor volumen de episodios de violencia machista ocurre en entornos urbanos, como Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como en destinos turísticos, como Arona, Adeje, y, en menor medida, el Puerto de la Cruz; es decir, en aquellas demarcaciones en que las competencias corresponden a la Policía Nacional. Uno de los factores que influyen en el elevado volumen de trabajo en los juzgados de Arona es la importante cifra de agresiones físicas protagonizadas por turistas que golpean a sus parejas durante las vacaciones.

Como explicó hace cierto tiempo el fiscal delegado de violencia sobre la mujer en la provincia, José Luis Sánchez-Jáuregui, se trata de una violencia de la que la sociedad canaria y española no se puede culpar, en la medida en que está protagonizada por hombres que pasan en las islas unos pocos días. Otra característica de esta situación particular es que muchas víctimas no denuncian a sus maltratadores y el asunto se detecta por las alertas de personal de los establecimientos alojativos y la acción de los policías, que actúan de oficio por ser un delito público.

Solo en los juzgados de Arona se llevan más asuntos de violencia machista que en los especializados de Santa Cruz de Tenerife, lo que da idea de la dimensión del problema. Este descenso en los casos de agresiones a parejas o exparejas entre mediados de marzo y mediados de abril también se apreció en los órganos judiciales de Granadilla de Abona.

El único caso, en Santa Cruz

El único caso grave conocido hasta ahora en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde que se inició el estado de alarma ocurrió el pasado domingo en Miramar (Ofra), donde un hombre de 45 años presuntamente cometió un intento de homicidio sobre su pareja. Los datos hacen referencia a un periodo en el que el consumo de alcohol, cuando se produjo, se realizó en el interior de las viviendas, mientras que el acceso a diversas drogas ha sido un poco más difícil, debido a la limitación de la movilidad. La presencia de más agentes de diversos cuerpos de seguridad en las calles y espacios públicos ha permitido interceptar diversas cantidades significativas de droga a personas que viajaban en transporte público, tanto en taxis como en guaguas. Y las conductas sospechosas también resultan más visibles para los funcionarios de los cuerpos de seguridad. En el fin de semana del 25 y 26 de abril, por ejemplo, ni la Policía Local ni la Policía Nacional llevaron a cabo detenciones en Santa Cruz de Tenerife por una agresión machista.

El lunes 27 hubo un arresto en un hecho en el que ambas partes se golpearon, mientras que el martes 28 se apresó a otro individuo que quebrantó una medida judicial de incomunicación con la afectada, ya que le pidió "amistad" en una red social. Las mismas fuentes comentan que, en un día ordinario antes del confinamiento, cada jornada podía haber un mínimo de dos o tres detenciones.

Mayor seguimiento

En las últimas seis semanas, en general, también han aumentado las acciones de seguimiento a las víctimas, ya que si antes los policías contactaban con las mismas una vez al mes o a la semana, ahora pueden hacerlo hasta en dos y en tres ocasiones en el mismo periodo. Y en el caso de las mujeres que tienen declarado un riesgo alto también se las visita más. Como curiosidad, en la primera semana del confinamiento se arrestó a un individuo después de que el hijo avisara a los cuerpos de seguridad por correo electrónico de que su padre estaba agrediendo a su madre. Y, de esa manera, la intervención de los agentes fue inmediata.

En abril, el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (SAMVV) del 1-1-2 experimentó un incremento del 33% en las llamadas en las que se expresa peligro inminente para la vida de la mujer, en base a los datos del Gobierno canario. El pasado mes entraron 736 llamadas de emergencia, 183 más que el mismo mes del 2019. Algo que, según la valoración realizada en la jornada de ayer por la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, es una muestra de cómo el confinamiento ha agravado la situación de peligro de las mujeres que conviven con su maltratador. "Tienen más problemas para pedir auxilio -explica- porque están todo el día en casa con él y, por tanto, cuando consiguen llamar", ya necesitan huir con urgencia "porque su vida corre peligro o porque otra persona alerta del peligro". Fumero también advirtió del aumento de víctimas que habrá al finalizar el confinamiento.