Los representantes de la comunidad educativa en Canarias reciben con sorpresa el anuncio realizado esta semana por la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien afirmó que el regreso a los colegios se realizará a partir del mes de septiembre pero tan solo con la mitad de los alumnos por aula. Sindicatos, el Consejo Escolar de Canarias y la confederación de AMPAS del Archipiélago aceptan este planteamiento aunque desean proponer modificaciones para garantizar la seguridad sanitaria de los estudiantes y el profesorado. De este modo, plantean la puesta en marcha de experiencias pilotos de reincorporación para evaluar los efectos de la desescalada.
Todas estas agrupaciones lamentaron ayer haber conocido la noticia del plan de regreso a las aulas a través de los medios de comunicación puesto que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no les había indicado que se estaba barajando esta posibilidad. La presidenta de la Confederación de AMPAS de Canarias (Confapa Canarias), Josefa Méndez, destacó ayer la necesidad de que los alumnos vuelvan a las aulas en pequeños grupos pero apostó por un regreso conjunto de toda la comunidad educativa. Por esta razón, hizo hincapié en que será necesario habilitar nuevos espacios y contratar a más personal para que todos los alumnos inicien la docencia presencial al mismo tiempo.
Josefa Méndez precisó que la conciliación familiar se debe abordar en este plan de vuelta al cole porque "muchos padres estarán ya trabajando al cien por cien en ese momento, por lo que habrá que habilitar fórmulas". La presidenta de Confapa Canarias indicó que "la situación que estamos viviendo evidencia las carencias de nuestro sistema educativo, por lo que habrá que reforzar las herramientas necesarias para garantizar la seguridad tanto de las familias como del alumnado y el profesorado".
Controles de seguridad
El presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, afirmó que "cualquier camino hacia la vuelta a la normalidad en las aulas vendrá acompañado por controles de seguridad como el propuesto por la ministra". El docente indicó que, "frente al confinamiento en los hogares, el siguiente paso es mantener unas medidas básicas de distanciamiento social, que también se tendrá que dar en los centros educativos y que obliga por tanto a que convivan durante un tiempo la docencia presencial y a distancia". Aciego aseguró que la comunidad educativa "se encuentra ante un gran reto porque esta situación incrementa la brecha, y no solo la digital, sino también la social y la cultural y tendremos que combatirlas todas".
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO (Feccoo) en Canarias, José Ramón Barroso, indicó que la propuesta de la ministra de Educación puede ser una de las medidas que se pongan en marcha para afrontar el inicio del curso escolar pero precisó que "nos gustaría que nos precisaran cómo se va a llevar a cabo la selección de alumnos que acudan a los colegios y se garantice que los profesores no van a tener que trabajar de más". En este sentido, resaltó la necesidad de contratar a más personal si finalmente este plan se lleva a cabo.
El coordinador general de Docentes de Canarias-Insucan, José Ángel Amador, sentenció que "la propuesta de la ministra de Educación no tiene encaje en Canarias, donde existen zonas saturadas". En cualquier caso, el representante del profesorado planteó un ensayo de la vuelta al cole en determinados entornos de las Islas para garantizar la seguridad sanitaria de toda la comunidad educativa. No obstante, Amador afirmó que "el primer trabajo que se tiene que abordar es la revisión del currículum, con las modificaciones necesarias en cada materia" dependiendo de los conceptos que se hayan dado o no durante estos meses de confinamiento.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, indicó ayer que "consideramos una buena medida que las clases se reinicien en el mes de septiembre con la mitad del alumnado, siempre que las autoridades sanitarias no lo desaconsejen". No obstante, destacó la necesidad de poner en marcha medidas alternativas para que la brecha digital de la que se habla en la actualidad no afecte al correcto desarrollo de la docencia. En cualquier caso, hizo hincapié en que será necesario llevar a cabo la contratación de más personal para poder responder a las demandas que se producirán en este nuevo escenario educativo. Por último, advirtió, al igual que el resto de formaciones de representantes de la comunidad educativa, de que es necesario que los gobiernos estatal y autonómico cuenten con su opinión para la toma de decisiones y para establecer las acciones que definirán la nueva normalidad en las aulas.
Este y otros temas se abordaron ayer durante una reunión entre la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, y las organizaciones sindicales del Archipiélago para afrontar el cierre del curso escolar y organizar el inicio del próximo. El objetivo de esta y otras citas que se producirán a lo largo de la semana es determinar cómo se cerrará el curso 2019/2020 y cómo se abordará la vuelta a las aulas a partir de septiembre en base a dos circunstancias, es decir, que exista o no una vacuna contra el Covid-19 antes de que comiencen las clases, y con el propósito de garantizar que esta se produce con todas las garantías de seguridad para el alumnado y profesorado de las Islas.
Grupo de trabajo
La consejera informó de que se ha articulado un grupo de trabajo compuesto por representantes de las distintas direcciones generales de la Consejería para afrontar con garantías esta nueva situación que, como recordó, afecta a otras muchas cuestiones de índole social como la conciliación familiar. Durante la reunión, Marisol Collado se refirió a "los próximos procedimientos de interés para el personal docente que se reactivarán próximamente" desde esta dirección general, entre los que destacó la Resolución de Licencias y Permisos; la de Comisiones de Servicio; y un nuevo anexo de titulaciones que hace referencia a las especialidades para impartir docencia.
