La desescalada complica mucho la labor de los cuerpos de seguridad para intentar hacer cumplir la normativa. Así lo expresan varios portavoces sindicales y agentes consultados. No es lo mismo ver a una persona en la calle y preguntarle el motivo de su salida del domicilio, que controlar los horarios de niños, mayores, adultos o deportistas, así como de empresas diversas, establecidos por el Gobierno del Estado. Las personas consultadas aclaran que ni existen recursos humanos, materiales o tecnológicos suficientes para poder determinar si un vecino cumple o no los requisitos.
E Carlos Lemes, de CCOO. Carlos Lemes, representante de CCOO y policía local en Santa Lucía de Tirajana, afirma que "el cumplimiento de unas normas tan distintas y variopintas es muy complejo". No obstante, está convencido de que los agentes tratarán de aplicar las órdenes del Gobierno. A su juicio, los actuales criterios dificultan más el control de la movilidad de la población y un problema se debe a los mensajes contradictorios que se ofrecen en las redes sociales. Por ejemplo, desde el pasado domingo, un único progenitor podía salir hasta con tres hijos a la vía pública. Pero fueron varios los casos en que los policías encontraron a ambos padres paseando sus niños. Según Lemes, las parejas van a poder andar juntas por la calle desde hoy, pero hace días que algunos ciudadanos empezaron a actuar de esa manera. Y eso sin contar a los adultos de diferentes familias que empiezan a hablar en la calle, a la vez que sus respectivos menores juegan entre ellos, algo que está prohibido.
Ante la actual coyuntura, apunta este delegado sindical, policías locales de diferentes municipios tratan de unificar criterios, prevenir situaciones y buscar soluciones conjuntas a través de grupos de whatsapp. Para este funcionario, los ciudadanos deben comportarse como ha decidido el Gobierno estatal, no en función de la libre interpretación que cada uno haga. A falta de unas normas más precisas, estima oportuno que los agentes apliquen el sentido común con los vecinos.
Javier Díaz, del CSIF. Este policía local de Santiago del Teide también apuesta por aplicar el sentido común y la lógica, a la vez que apela a la buena conciencia y el civismo de la población. "Desde el punto de vista policial no hay herramientas para poder aplicar" de manera rigurosa la vigilancia del actual proceso de desescalada, indica. Para Díaz, "vamos a ver qué plantea el Gobierno de España, porque no hay instrucciones ni procedimientos claros". Recuerda que "el coronavirus no entiende de picaresca", por lo que la "colaboración de todos resulta fundamental, tanto desde la función pública como desde la iniciativa privada". Según este delegado del sindicato Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), se deben mantener las normas de prevención existentes en las últimas semanas, "por el bien de la colectividad", sin olvidar que "se han hecho muy pocos test y existen pocas referencias para determinar la incidencia real de la enfermedad".
Guardia Civil. Fuentes de la Guardia Civil, que prefieren mantener su anonimato, reconocen, de forma tajante, "que va a ser imposible" hacer cumplir la normativa, en función de las diversas variantes que hay que tener en cuenta y el margen de acción que se concede a algunas personas, como, por ejemplo, a quienes quieran practicar deporte. En opinión de estos agentes del Instituto Armado, "si la ciudadanía se conciencia de lo que tiene que hacer está bien, porque desde el punto de vista policial resulta inviable aplicar el control". Además de que no puede haber un funcionario para vigilar a cada persona, el guardia civil que trabaja en el turno de mañana no lo hace por la tarde-noche, es decir, que desconoce quién está cumpliendo y quién no por exceso de presencia en la vía pública. Insisten en que el control será "casi imposible", aunque estén activados y coordinados policías nacionales, guardias civiles, agentes autonómicos, policías locales y militares.
José Luis Guedes (SUP). El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias, José Luis Guedes, apunta que "va a ser complicado y hemos pedido las directrices a nivel central para saber qué hacer". "Somos un cuerpo de ámbito nacional, pero, con la actual propuesta, lo que se aplica en unas provincias no se hará en otras", recuerda Guedes, que matiza que esa situación "nos genera mucha inseguridad jurídica". Pone un ejemplo: "si una patrulla ve a dos adultos juntos por la calle, ¿cómo sabe si son pareja o dos vecinos, antes de proceder a identificarlos?".
Solicitud al ministro. En una carta remitida por la secretaria general del SUP a nivel nacional, Mónica Gracia, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le plantea que "a cada momento que sea necesario se den instrucciones claras y concisas, a través de la Dirección Adjunta Operativa de Policía Nacional, en función de los territorios, respecto a los cambios que haya motivados por la evolución entre fases y que puedan afectar a las restricciones de derechos y libertades, al objeto de poder dar un servicio correcto a los ciudadanos (?) y tener seguridad jurídica en las intervenciones de nuestros policías".
