La emergencia social aumenta cada día que se prolongan las medidas de restricción de la actividad económica y social aplicadas para luchar contra la epidemia de Covid-19. A medida que el empleo y los ingresos de las familias se deterioran, se incrementan también las peticiones de atención a las organizaciones no gubernamentales, que se las ven y se las desean para llegar a las personas que las necesitan. Los limitados recursos con los que cuentan estos colectivos difícilmente alcanzan para cubrir la creciente demanda. Por ello, las organizaciones piden a las administraciones que agilicen los trámites para poder recibir ya los fondos con los que hacer frente a la situación, complementarios a los que les aporta la sociedad.

"No pedimos que se salten las leyes ni no tener supervisión, pero sí que se flexibilicen los trámites administrativos, de forma que esos dineros lleguen pronto y podamos dar respuesta a los ciudadanos", explica Antonio Rico, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Canarias. Rico, que también ejerce como presidente autonómico de Cruz Roja, destaca, no obstante, el trabajo de "coordinación" que hace la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario. Sin embargo, los esfuerzos del departamento no bastan para afrontar el incremento que ha experimentado la vulnerabilidad social como consecuencia del estallido de la crisis del nuevo coronavirus.

Otras trabas condicionan la labor diaria de las ONG en estos momentos. La escasez de equipos de protección individuales (EPI) para los voluntarios complica la posibilidad de acceder a muchos de sus potenciales beneficiarios, entre los que abundan los que presentan factores de riesgo, en especial la edad. Si son los propios voluntarios los que superan una cierta edad, también se restringen las opciones de acudir donde estas organizaciones son necesarias. "Estas cosas hacen que trabajemos con más dificultades", dice Rico.

Aunque aún es difícil medir en qué grado ha crecido el volumen de personas en situación de vulnerabilidad social, la Plataforma del Sector constata que lo ha hecho, y mucho. Hay que tener en cuenta, advierte su presidente, que Canarias partía ya de una situación más difícil que la del conjunto del país, derivada de sus altas tasas de paro, pobreza y exclusión social. Quienes hasta hace un mes estaban mal, ahora están peor, mientras que aquellos a los que no les sobraba el dinero empiezan a pasar serios apuros.

Entre las ONG que están notando una imparable alza de las demandas de atención figura Cáritas Diocesana de Tenerife. Jesús González, coordinador del área de Animación y Promoción a la Comunidad de la organización, cifra en casi 350 las nuevas solicitudes recibidas solo desde la última semana de marzo, cuando se puso en funcionamiento un servicio telefónico para quienes estén sufriendo los rigores de la crisis generada por la pandemia. "De unas 15 o 16 llamadas diarias hemos pasado a más de cuarenta", relata González, quien puntualiza que no todas las demandas llegan por esta vía, de manera que el aumento de las necesidades es superior a lo que reflejan estos números.

Pero la situación solo ha empezado a empeorar. "En abril irá a más", augura el representante de Cáritas. En Tenerife, el sur -y en concreto, el municipio de Granadilla- es la zona más afectada por esta súbita pauperización de la sociedad, aunque también se detectan importantes focos en el barrio lagunero de Taco o en ciertos sectores de la capital. "Constatamos que es una realidad que está latente", apunta González.

A juicio de las organizaciones sociales, este rápido empobrecimiento confirma la fragilidad de la recuperación tras la crisis económica que se extendió entre 2008 y 2014. La precariedad laboral y la eterna economía sumergida explican que amplios volúmenes de población se queden de repente sin ocupación y también sin una prestación digna o incluso sin prestación de ningún tipo.

Todo esto exige, según las ONG, acelerar también los trámites para que las familias y los ciudadanos reciban las ayudas precisas por parte de las administraciones. "Falta un poco de agilidad", lamenta Jesús González, que también cree conveniente que la cuantía de las prestaciones tenga en cuenta el número de miembros de la unidad familiar.