Cáritas cifra en más de 1.000 las personas residentes en infraviviendas o asentamientos irregulares en Tenerife y La Palma que han visto agravada su precaria condición sociosanitaria por la emergencia del coronavirus. La organización ha tomado sólo en cuenta los datos de sus unidades móviles de calle en ambas islas. No ha contabilizado, por ejemplo, a quienes viven en la zona del Pabellón Pancho Camurria.
El cálculo ha sido incluido en un informe, base para que la institución haya solicitado a la Delegación del Gobierno y a los ayuntamientos implicados la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a estas personas. "Este desamparo -plantea el documento- afecta a quienes ya habitualmente viven en exclusión residencial".
En el Sur hay asentamientos importantes, alguno con hasta 50 personas. Por eso "hemos pedido hacer la intervención con la ayuda de la UME para que nuestros técnicos tengan garantías y seguridad". Lo asegura Úrsula Peñate, coordinadora de Acción Social de Cáritas en Tenerife, quien añade: "Lo hemos solicitado por escrito a la Subdelegación del Gobierno que nos remite al los servicios sociales de los ayuntamientos. También nos hemos dirigido a estos últimos".
Hace tres años que Cáritas puso en marcha la Unidad Móvil de Atención en Calle (UMAC) en La Palma y en 2019 llevó el recurso al sur y al norte de Tenerife. Peñate subraya: "Solo algunos ayuntamientos han preparado alternativas de alojamiento para los sin hogar estos días".
Los miembros de las UMAC han detectado poblados en cuevas y barrancos. Son gente que estos últimos días se mueve todavía más de lo habitual para huir de la presión policial, que no suelen estar empadronados. Para ayudares, insiste, Peñate, "hay que diseñar una estrategia conjunta desde el ámbito social".
"¿Cómo pueden cumplir la cuarentena si donde habitan carecen de acceso al mínimo necesario para vivir con dignidad, Para ellos es una quimera la consigna del Quédate en casa", resume el informe Cáritas.
