La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer requerir formalmente al Gobierno de Canarias para que adopte las medidas necesarias que permitan garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales en la Administración de Justicia. La reclamación también se hace a Andalucía en los mismos términos, después de que, el 31 de marzo, ambos ejecutivos autonómicos decidieran reducir la cifra de funcionarios que estén presentes en los juzgados en el estado de alarma
En Canarias, el Tribunal Superior de Justicia cree que la medida de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia invade claramente competencias que no le corresponden -al señalar, por ejemplo, que las actuaciones de los juzgados de guardia y de Violencia sobre la Mujer se realizarán, siempre que sea posible, de forma telemática- y que "no incluye la atención presencial por parte de un funcionario en cada una de las secciones penales en las audiencias provinciales, así como en todos y cada uno de los órganos unipersonales del orden jurisdiccional penal, estén o no en funciones de guardia". Tambiénse omite "cualquier dotación presencial para los juzgados de Primera Instancia (salvo internamientos), de lo Contencioso-Administrativo, Mercantiles y de lo Social".
El CGPJ da traslado de su acuerdo al Ministerio de Justicia para que ejerza las tareas de coordinación que sobre la materia le atribuye la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo. La postura del órgano de gobierno de los jueces fue ayer criticada de manera contundente por los representantes de las organizaciones sindicales UGT e Intersindical Canaria (IC).
