El Ministerio de Educación y Formación ProfesionaL (MEFP), Telefónica, Cisco e IBM han llegado a un acuerdo para intentar paliar la brecha digital en la enseñanza no universitaria cuando las clases solo se dan vía telemática por el estado de alarma ante el coronavirus. Para ello ponen a disposición del alumnado de Bachillerato y Formación Profesional con dificultades para continuar su formación online 20.000 líneas móviles de Movistar, unas 800 en Canarias, así como licencias de Webex para videoconferencias y soporte a los docentes.
Cada línea telefónica dispone de 40 Gbs de datos mensuales para permitir la conexión de alumnos y docentes a través de dispositivos móviles. El Ministerio las distribuirá entre las Comunidades Autónomas para que las hagan llegar a las familias con menos recursos.
Gregorio Cabrera es director de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa del Gobierno de Canarias. Valora que estas tarjetas no cubren las necesidades a nivel de estado, pero "ayudan y bienvenidas sean". De todas formas la Consejería de Educación no ha esperado al cupo para tomar medidas contra la brecha digital. Cabrera lo explica: "Ya trabajamos con los centros educativos para buscar otras fórmulas".
Lo primero es hacer un diagnóstico de las carencias. "El pasado lunes lanzamos una encuesta en la enseñanza no universitaria" para saber qué alumnos carecen de equipos y cuales no tienen conectividad. Y apunta Cabrera: "Habrá familias con ambas características". La intención es dotarlas de los recursos que existen en los centros, propios o aportados por la Consejería.
Un equipamiento que el director entiende "suficiente salvo en zonas concretas donde deberemos reforzar". En cuanto a la falta conectividad, una dificultad "más compleja" es la que intenta cubrir el Estado con estas tabletas a entregar al alumnado de duración mensual prorrogable .
"Nuestro objetivo -concluye Cabrera-, y trabajamos con intensidad en ello, es cubrir ambas necesidades. La material, donde no lleguen los centros. Y la de conexión, con la colaboración institucional, la de los ayuntamientos, y la iniciativa privada.
