La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) ha cuestionado este lunes la función del sector sanitario privado frente al coronavirus en el archipiélago.
En un comunicado, este colectivo recuerda que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres , afirmó con "rotundidad" la disponibilidad de camas UCI tanto públicas como privadas para atender a los pacientes afectados por coronavirus, pero los portavoces de la patronal privada han dicho que "la estrategia es concentrar los casos de coronavirus en la pública".
La asociación señala que la capacidad de ingreso en UCI define el riesgo de saturación del sistema sanitario y se pregunta: "¿Hasta qué punto el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias que él encabeza (el presidente Torres) ha evaluado correctamente la situación real de esas camas en la privada, ya que no es la misma que en el papel".
El pasado viernes comenzó a funcionar ese comité y ese mismo día se reunió con las empresas privadas del ámbito sanitario.
La ADSPC dice que se comunicó que el objetivo del encuentro era "coordinar la atención sanitaria en Canarias para combatir conjuntamente la propagación del Covid-19".
Y habiendo acordado trasladar enfermos crónicos a centros privados, eso sí "antes se les harán pruebas que demuestren que están libres del virus y no suponen una amenaza de contagio en su nuevo destino", los portavoces de la patronal privada afirmaron que "la estrategia es concentrar los casos de coronavirus en la pública", apunta la asociación.
Prosigue la ADSPC que lo último "nada tiene que ver con lo afirmado por el presidente ni con lo estipulado en el decreto del estado de alarma cuando dice el Gobierno pone a las órdenes de todos los consejeros de las comunidades autónomas todas las instalaciones de la sanidad privada para las necesidades que requiera la crisis del coronavirus".
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria pone en duda también el papel que van a desempeñar en el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria Conrado Domínguez y José Julián Istúriz.
Este colectivo sostiene que ambos son "personajes claramente comprometidos con los intereses de las empresas privadas del sector sanitario, y el último sustituyó a José Manuel Baltar como vicepresidente de ASPE, alianza de la patronal española, cuando José Manuel Baltar asumió la Consejería de Sanidad".
"Si ya nos desesperaba la timidez de (la consejera de Sanidad) Teresa Cruz para ejercer las competencias que le delegaba el decreto del estado de alarma, lo que ahora nos indigna sobremanera es la desfachatez de la patronal", añade.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Canaria exige al presidente de Canarias que "ante un servicio de urgencias saturado en un hospital público, se proceda a derivar a centros privados solventes y con capacidad para ello a los pacientes urgentes que vayan llegando".
También exige que "ante una falta de camas en un hospital público por la cantidad de pacientes ingresados por el contagio del coronavirus, se deriven pacientes a un hospital privado con la obligación ineludible por parte de éste de atenderlos con todos los medios necesarios".
