18 de marzo de 2020
18.03.2020
Crisis del coronavirus

Un Juzgado de Santa Cruz de Tenerife impone 360 euros de multa por desobediencia

Los condenados en en estos dos procedimientos deberán afrontar el pago de otras sanciones que por vía administrativa se les aplicará por incumplir con el confinamiento ordenado en el Real Decreto de estado de alarma

18.03.2020 | 14:29

El Juzgado en funciones de guardia de Santa Cruz de Tenerife ha registrado este miércoles dos procedimientos a ciudadanos que se negaron a obedecer la orden de confinamiento que recoge el Real Decreto de estado de alarma que fue aprobado por el Gobierno de España el pasado sábado.

Se trata de dos casos que han sido juzgados por el procedimiento de juicio rápido y las sentencias se han dictado por conformidad, por lo que no son recurribles y su pena ha sido reducida. No obstante, en ambos casos los condenados deberán hacer frente también a las correspondientes sanciones pecuniarias que se les imponga por la vía administrativa.

En el primero de los casos -como informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se ha juzgado a una persona que fue denunciada tras ser sorprendida en la calle este martes sin contar con justificación alguna para saltarse el confinamiento. El acusado se negó a obedecer las órdenes de los agentes, se negó a identificarse e, incluso, llegó a agredirlos.

En un juicio rápido, de conformidad, esta persona fue condenada a multa global de 360 euros por un delito de desobediencia y a otra multa de 120 euros por dos delitos leves de lesiones a los policías. Además, deberá indemnizar a los agentes agredidos en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, y por supuesto deberá abonar la multa que se le imponga por la vía administrativa.

En el segundo de los casos, la persona detenida y acusada tampoco tenía justificación para deambular por la vía pública aunque en esta ocasión no llegó a agredir a los agentes. No obstante, ha sido condenada a la misma multa por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad: un total de 360 euros. Además, como en el primero de los casos juzgados, deberá afrontar la sanción económica que por vía administrativa se le aplique.

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