18 de marzo de 2020
18.03.2020
Crisis del coronavirus

200.000 millones contra la crisis

El Gobierno aprueba una moratoria del pago de hipotecas, prohíbe cortar la luz y garantiza el paro a afectados por ERTE

17.03.2020 | 23:29
Reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, presidida ayer por Pedro Sánchez.

Nadie se va a quedar atrás, nadie se va a quedar en el camino. El Estado va a asumir este choque, porque tiene recursos para hacer frente a la situación, pero se necesita también una respuesta colectiva y de responsabilidad ciudadana. Este el mensaje que lanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar el sentido del paquete de medidas aprobado por el Consejo de Ministros para crear un "escudo económico y social" contra las consecuencias y efectos que en estos ámbitos está provocando la pandemia del coronavirus. Un escudo que contempla la movilización de 200.000 millones de euros (equivalente al 20 % del PIB nacional) -117.000 millones serán íntegramente públicos, y los restantes 83.000 a través de la movilización de recursos privados-, la mayor activación extraordinaria de recursos y dinero de toda la historia democrática del país, para hacer frente al parón de buena parte del sistema productivos y de la inactividad de empresas y autónomos, con el consiguiente efecto en la destrucción de empleo.

Sánchez desgranó las medidas adoptadas en cuatro ámbitos distintos y entre las que destacan por su efecto directo sobre una amplia capa de la población la imposición a los bancos de establecer una moratoria en los pagos de las hipotecas, o la de facilitar el cobro de una prestación por desempleo a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras que en al ámbito empresarial contempla el lanzamiento de avales por valor de 100.000 millones para garantizar la liquidez de las pymes.

El jefe del Ejecutivo, con gesto grave y en un tono muy determinante, calificó el decreto aprobado como "el más importante de este tipo de la historia" de España y que hoy explicará en el Congreso en una sesión inédita a la que sólo acudirá una mínima representación de dos o tres representantes de cada grupo. "Debemos parar al virus y vencerlo y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias con un escudo económico y social que solo pueden forjar los poderes públicos", afirmó.

Superávit para atención social

El conjunto de medidas se estructura en cuatro grandes áreas prioritarias: a las familias en situación más vulnerable; a los trabajadores, empresas que no despidan y autónomos; a facilitar y garantizar liquidez a las empresas; y apoyo a la investigación científica y médica de la vacuna contra el Covid-19 en que está inmersa la comunidad científica mundial y en la que España debe estar presente, y a cuyo fin se destinarán 30 millones. 
En materia social, el decreto prevé el destino de 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia sanitaria de las personas mayores y dependientes, que son colectivos muy vulnerables en esta pandemia. Para ello se contempla la relajación de la regla de gasto para permitir que los ayuntamientos puedan gastar sus ahorros en servicios sociales, dependencia u otros problemas relacionados con la crisis sanitaria por el coronavirus. "Vamos a garantizar que la protección alcance la mayor cobertura posible", dijo Sánchez.

También se amplía la protección a los suministros de energía y de agua garantizando los servicios públicos esenciales, así como los servicios de telecomunicaciones.

Una de las medidas más llamativas del decreto es la que se refiere al derecho de los ciudadanos a la vivienda, estableciendo una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnarabilidad que vean reducir sus ingresos o hayan perdido el empleo por la crisis del coronavirus. "Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis nadie perderá su casa", aseguró.

En materia de empleo, el decreto tiene como finalidad evitar que esta crisis temporal tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado laboral. En esencia, la medida contempla que los trabajadores asalariados adapten o reduzcan su jornada de trabajo, incluso hasta el 100%, cuando su presencia sea necesaria para atender a otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, requiera de un cuidado personal y directo "siempre que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia". Este derecho sería individual.

ERTE contra los despidos


El Gobierno también ha aprobado medidas como la flexibilización de los expedientes de regulación de empleo temporales que permita el cobro de la prestación por desempleo sin cumplir el requisito de carencia a los afectados por los mismos y sin consumir los derechos de prestación ya acumulados. Los ERTE causados por la crisis del coronavirus serán considerados "fuerza mayor" y adicionalmente los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Además, el cobro de esa prestación no computará a efectos de un posible cobro posterior por situación de desempleo. El texto incluye una exoneración del 100 % de las cotizaciones para las pymes que mantengan el empleo, y del 75 % para el resto de empresas, aunque estas cifras estarán condicionadas al mantenimiento de la plantilla. Esta medida permitirá aliviar las cargas financieras de las empresas y recuperar el empleo cuanto antes.

Autónomos


Para el colectivo de los autónomo, se flexibiliza el acceso a la prestación por cese de actividad, que será compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y con el acogimiento a ERTE en los casos de autónomos que cuenten con trabajadores a su cargo. "Facilitaremos que los autónomos pueden cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica", destacó Sánchez, para quien estas medidas "priorizarán la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores". Afectará a profesionales que vean caer su facturación un 75 % en relación con el semestre anterior y la prestación será compatible con la exoneración del pago de cuotas.

El presidente hizo un llamamiento a los empresarios para que "tengan en cuenta estas medidas y no se despida a los trabajadores, porque esta es una crisis temporal". "Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta situación temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia y la actividad económica vuelva a recuperar la normalidad", resaltó el jefe del Ejecutivo.

Liquidez para las empresas


El decreto activa una línea de avales y garantías de 100.000 millones para evitar que las empresas cierren la persiana por falta de liquidez. Contempla una serie de medidas de apoyo a las empresas que suponen, según recalcó Sánchez, un mensaje al exterior de que el Estado español "va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo".

"No vamos a permitir que los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia, y vamos a garantizársela durante esta crisis para que se mantenga el empleo y la actividad", advirtió. A este fin, el Gobierno aprobó una línea de avales de garantías públicas, a través del ICO, por valor de 100.000 millones, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si también interviene el sector privado.

También se aprueban avales adicionales de 2.000 millones para las empresas exportadoras, con mecanismos ágiles y favoreciendo a las pymes, y se aceleran varios programas de apoyo a la digitalización y las I+D de las empresas para facilitar la implantación del teletrabajo.

Por otro lado, las administraciones públicas van a ayudar a sus empresas contratistas para mitigar las consecuencias del Covid-19 en los contratos del sector público y se establecerá un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios con el fin de evitar la resolución de contratos y la consecuente pérdida de empleos.

El decreto contempla al mismo tiempo la reforma normativa sobre las inversiones exteriores prohibiendo las ofertas públicas de adquisición (OPA) para impedir que empresas de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de las entidades españolas consideradas estratégicas y que cotizan en bolsa, aprovechando la caída coyuntural de sus acciones en la actual situación de crisis financiera.

Sánchez insistió en su mensaje de acción colectiva y de responsabilidad social y dijo que "estas medidas por si solas no pueden bastar, necesitan un apoyo suplementario que debe venir de la sociedad civil porque para preservar nuestro tejido empresarial y el empleo es imprescindible que las grandes, pequeñas y medianas empresas, que los autónomos y que la economía social y empleados asumamos la idea de que esta crisis es temporal y que así debe tratarse y todos debemos facilitar a los demás la adaptación a este periodo difícil".

Italia, Francia y EE UU


En el mismo sentido que España, otros países afectados por la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales están aprobando medidas de gran impacto para hacerles frente. El caso más llamativo es el de EEUU, cuyo presidente, Donal Trump, después de varias semanas minimizando la pandemia, acaba de anunciar un paquete de 850.000 millones de dólares de estímulo financiero y de ayudas a las empresas, entre ellas las aerolíneas, y también directas a los ciudadanos, una operación de una envergadura nunca vista desde la Gran Recesión de los años 30 del siglo pasado. Italia, por su lado, aprueba ayudas por valor de 25.000 millones de euros de apoyo a familias, empresas, trabajadores y autónomos, con medidas que incluyen aplazamiento de pago de hipotecas y suspensión de determinadas obligaciones fiscales. Francia, a su vez, moviliza 45.000 millones para ayudar a trabajadores y empresas, e inyecta liquidez de 300.000 millones. Tanto Italia como Francia no descartan nacionalizar empresas si así lo consideran necesario.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) fueron ayer de las primeras en reaccionar al paquete de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros y lo hicieron para valorarlo de forma positiva. Consideran prioritario "salvaguardar" la salud de los ciudadanos al tiempo que sostener la actividad empresarial y las cadenas de financiación.

En concreto, las patronales ven positivo que se haya desplegado esta "importante batería" de medidas económicas, especialmente los avales públicos, ya que creen que serán útiles para que el flujo crediticio pueda seguir llegando hasta las empresas y puedan ayudar a preservar, al mismo tiempo, el empleo.

Asimismo, en el ámbito laboral, dan la bienvenida a la agilización de los ERTE y a la suspensión de cotización, si bien están a la espera de que se concreten los detalles referidos a los porcentajes y las garantías y confiando en que estén en la línea de los anunciados en países como Alemania e Italia.

Desde Canarias el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctror Torres, tildó las medidas puestas en marcha de "necesarias e imprescindibles para salir de la situación actual".

"Se trata de una buena noticia porque hay que responder con medidas valientes y absolutamente claras ante la situación que vive nuestra tierra", subrayó en relación con la crisis ecómica que se avecina como consecuencia de la pandemia.

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