La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican) denuncia la nula accesibilidad en los contenidos informativos realizados desde el Gobierno de Canarias. Sobre todo estas últimas semanas "con motivo de la situación sanitaria y las medidas a adoptar ante l Covid-19".

Fasican exige el cumplimiento de la legislación vigente. Ante "la reiterada vulneración de derechos", el pasado 26 de febrero, la Federación realizó una denuncia. Sin embargo, "los poderes públicos continúan sin facilitar las medidas necesarias para que los medios de comunicación sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de la Lengua de Signos Española (LSE)".

Una situación que la entidad califica como "discriminatoria", ya que excluye a las personas sordas de un asunto de especial interés social. "Las personas sordas han visto cercenado su derecho a tener acceso a la información en una situación de emergencia social" señalan.

El presidente de Fasican, Óscar Luis Hernández, manifiesta al respecto que "el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado el 24 de octubre de 2018 por las Cortes, incluye la LSE como objeto de enseñanza, protección y respeto". En este sentido añaden "es inconcebible que la televisión pública canaria haya restringido el derecho de las personas sordas a acceder a la actualidad de este suceso". Instan al Gobierno de Canarias "a velar porque la TVAC garantice la accesibilidad en sus contenidos y ese derecho de todos a la información".

La entidad recuerda que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 27/2007 por la que se reconocen la LSE en España, y la actual Ley General de Comunicación Audiovisual suponen "un marco jurídico suficiente que obliga a adoptar las medidas necesarias para no continuar vulnerando los derechos de las personas sordas a acceder a la información en igualdad". Recuerdan "la obligación de garantizar que la retransmisión con subtitulado e interpretación a la LSE".

La administración pública -resumen- "debe asegurar el pleno acceso a la información de las personas sordas". Ademáas de "respetar nuestra lengua y las distintas necesidades comunicativas porque sólo así se nos tratará como ciudadanos de pleno de derecho", concluye el presidente de Fasican en defensa de la inclusión de estas medidas de accesibilidad.