24 horas después de que Pedro Sánchez anunciase a los españoles una inyección de 18.000 millones para paliar los efectos del coronavirus en la economía española, el presidente volvía a comparecer ayer para lanzar un órdago del aparato del estado contra una pandemia con 4.231 casos y 121 fallecidos [al cierre de esta edición] en todo el país. El jefe del Ejecutivo daba una vuelta de tuerca a la situación con el anuncio para hoy de la celebración de un Consejo de Ministros para aprobar la declaración del estado de alarma, sustanciado en el artículo 116 de la Constitución.

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Un decreto delimitará una serie de medidas excepcionales a aplicar en un plazo de 15 días prorrogables previa autorización del Congreso. Limitar la circulación o la permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de los productos de primera necesidad, son entre otras las atribuciones que confiere al Gobierno la previsión constitucional. Quedan fuera la restricción de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, si bien_resulta de aplicación para la suspensión de las elecciones gallegas o catalana.

Un precedente

"La declaración de Estado de alarma permite movilizar el máximo de recursos contra el virus, pero la victoria depende de cada uno de nosotros, el heroísmo consiste también en lavarse las manos y en quedarse en casa. Vamos a parar el virus con responsabilidad y unidad", afirmó Sánchez en tono solemne a la hora en que la mayoría de los españoles se sentaban a almorzar. La previsión constitucional sólo ha sido utilizada en democracia en 2010 con la crisis de los controladores aéreos, cuyas bajas masivas obligaron a militarizar el servicio, recurso previsto también en la crisis del coronavirus. De hecho, el Ejército ha suspendido todas sus maniobras y el Ministerio de Defensa recaba datos sobre los efectivos humanos y materiales disponibles en el caso de tener que intervenir.

10.000 afectados

La decisión de declarar hoy el Estado de alerta ha tenido un carácter progresivo. Pedro Sánchez no quiso mencionarlo a preguntas de los periodistas el pasado jueves, pero mostró fehacientemente la voluntad del Gobierno de utilizar todos los medios a su disposición para salvaguardar la salud de los españoles. El salto al 116 de la Constitución venía siendo demandado por algunos ministros partidarios de medidas extremas para atajar la pandemia, mientras que otros, vinculados a áreas más socioeconómicas, se mostraban más partidarios de movimientos graduales, de acuerdo con la evolución de la enfermedad, dadas la repercusiones que iba a tener para la economía la alerta. Ciudadanos y Vox también empujaban desde la oposición a favor del estado de alarma, que un país como Portugal ya había puesto en marcha.

Una prueba de que la logística conservadora frente al virus ha pasado a un segundo plano está en lo dicho por Pedro Sánchez. "Estamos sólo ante la primera fase del combate contra el virus. Nos esperan jornadas my duras. No cabe descartar que alcancemos los 10.000 afectados la próxima semana". En paralelo a esta confesión solemne, por no decir dramática, la OMS señalaba a Europa como "nuevo epicentro de la pandemia".

Con un gobierno en situación de excepcionalidad por los contagios de las ministras Carolina Darias e Irene Montero, un Comité Interministerial integrado por Salvador Illa, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, José Manuel Rodríguez Uribes, Arancha González Laya y Fernando Grande-Marlaska tomaba la determinación histórica de recurrir por segunda vez en democracia al 116, pero por una situación de emergencia sanitaria.

Mando único

Tanto el 116 de la Constitución como la ley orgánica 4/1981, que regula también el Estado de alarma, permite al Consejo de Ministros adoptar medidas extraordinarias en toda España o en una parte del territorio en el supuesto de "epidemias y situaciones de contaminación graves". El hecho de que en diferentes autonomías se establezcan confinamientos de población -Cataluña, Murcia o Euskadi- ha sido otro de los factores que ha influido en la declaración. El Ejecutivo ha querido centralizar, unificar el mando, frente a una dispersión de decisiones territoriales. El estado de alarma lo facilita, puesto que cuando las circunstancias hacen imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios, faculta al Gobierno a poner bajo su mando a todos los funcionarios y empleados públicos, incluidos los cuerpos policiales, de todas las Administraciones e imponerles "servicios extraordinarios por su duración o su naturaleza".

Presidentes autonómicos

Será el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparezca en una rueda de prensa para explicar hoy las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en relación con el estado de alarma. Como ocurrió el jueves tras otro Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el plan de choque de medidas sociales y económicas ante el coronavirus, no se permitirá el acceso de la prensa al complejo de La Moncloa siguiendo el protocolo sanitario y las preguntas de los medios de comunicación se dirigirán vía telemática.

Existe cierta expectación sobre qué comprende el decreto de estado de alarma. Por ejemplo, si la sanidad pública podrá derivar enfermos a hospitales privados para así hacer frente a la saturación que ya sufren los hospitales públicos como los de la Comunidad de Madrid, y que podría suceder también en los centros públicos de otros territorios cuando las previsiones indican que el número de contagiados seguirá creciendo en los próximos días. Hasta hoy no se sabrán los contenidos de un decreto que afecta de manera directa a los ciudadanos.