Las demandas de disolución matrimonial -nulidades matrimoniales y separaciones o divorcios, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- se han reducido un 34% en los juzgados del archipiélago canario entre el último año previo al inicio de la crisis económica mundial -2007- y el año pasado, según datos difundidos hoy miércoles por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Los órganos judiciales civiles de las islas computaron en 2007 un total de 7.428 demandas de disoluciones matrimoniales, y en el año pasado, 2019, registraron 5.536, un 34% menos, según los datos oficiales.

A lo largo del año pasado, la oficina judicial insular computó 5.536 demandas de ruptura matrimonial , un 2,7% menos que en 2018, año en el que se tramitaron en Canarias 5.691 procesos de disolución de parejas casadas.

La vía más habitual en las islas para romper los vínculos es el divorcio consensuado. El año pasado, en el archipiélago se computaron 73 separaciones no consensuadas (un 2,7% menos que en 2018), 116 separaciones consensuadas (23,4% más que el año anterior), 2.412 divorcios no consensuados (-3.6%), 2.929 divorcios consensuados (-2,9%) y 6 nulidades (+6%).

Por provincias, Las Palmas computó el año pasado 2.774 procesos de ruptura, y Santa Cruz de Tenerife, 2.762.

Datos nacionales

En el ámbito nacional, las demandas de disolución matrimonial presentadas durante 2019 sumaron 109.567, que representa un descenso del 1,9 por ciento respecto a las presentadas en 2018. Esta tendencia a la baja se viene repitiendo de manera ininterrumpida desde 2015 según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Durante 2019, disminuyeron todas las formas de disolución matrimonial. Las 62.020 demandas de divorcio consensuado son un 0,4 por ciento menos que las de 2018; las 42.826 demandas de divorcio contencioso, un 3,6 por ciento menos; las 3.210 de separación consensuada, un 5,4 por ciento menos; y las 1.511 de separación contenciosa, un 7,6 por ciento menos. En cuanto a las demandas de nulidad, se presentaron 100, por las 134 presentadas en 2018.

El mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes (dato que se obtiene al poner en relación el número de demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019) se ha dado en la Comunidad Valenciana, con un total de 26,7. Le siguen las Islas Baleares, con 26,5; Canarias, 25,7; Andalucía, 24,3; Cataluña, 24; Asturias, 23,7 y Murcia, 23,6. Todos estos territorios superan la media nacional, que es de 23,3 demandas de disolución por cada 1.000 habitantes.

Por el contrario, las cuotas más bajas se han dado en Castilla y León, con 18,4; País Vasco, 19,7 y Extremadura, 20,8.

En 2019, se presentaron 12.166 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7 por ciento más que el año anterior; en cuanto a las demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, aumentaron un 3,8 por ciento respecto a 2018, al alcanzar la cantidad total de 34.949. Las demandas relacionadas con medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas ascendieron a 19.716, lo que supone un 2,3 por ciento más que en 2018; las no consensuadas fueron 28.364, un 0,6 por ciento más que en el año anterior.

Datos del cuarto trimestre

En el cuarto trimestre de 2019, el número de demandas de disoluciones matrimoniales se redujeron en un 2,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018. También en este caso la disminución ha sido generalizada en todas las formas de disolución matrimonial.

Las 16.581 demandas de divorcio consensuado fueron un 0,6 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2018. Las 11.761 demandas de divorcio no consensuado, un 4,3 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 824, han disminuido un 8,8 por ciento respecto a 2018; y las 397 no consensuadas representan un 10,2 por ciento menos que las presentadas el año anterior. El número de demandas de nulidad, 30 en total, ha sido un 11,8 por ciento menor que el de las presentadas en el cuarto trimestre de 2018.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2019, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 1.000 habitantes se ha producido también en este caso en la Comunidad Valenciana, con 7,4. Le siguen las Islas Baleares, con 7,2; La Rioja, 7; Andalucía, Canarias y Castilla la Mancha con 6,6; Cantabria, 6,5; y Murcia, 6,4. Todas superan la media nacional, que es de 6,3 demandas por cada 1.000 habitantes.

Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 4,7; Aragón y Extremadura, con 5,4; País Vasco, 5,5 y Navarra, 5,6.

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, con la excepción de las modificaciones de medidas no matrimoniales no consensuadas, han mostrado incrementos interanuales respecto al cuarto trimestre del año 2018.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 3.323, se han incrementado un 7,1 por ciento; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 9.291, han aumentado un 2,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 5.269, han tenido un incremento interanual del 3,9 por ciento; mientras que las no consensuadas, 7.763, han mostrado una disminución del 1,2 por ciento.