Técnicos de la Fundación Cruz Blanca ven preocupante el aumento de casas o pisos en los que las mujeres ejercen la prostitución en los últimos años. Además de esa tendencia al incremento de la oferta de servicios sexuales en lugares privados, esta organización considera que en estos espacios "la mujer está expuesta a mayores peligros para su integridad" y padecer un mayor sometimiento por parte de cabecillas de "las redes de trata de seres humanos". La prostitución y las condiciones de explotación que están detrás son una de las grandes preocupaciones del movimiento feminista en España. Hace cuatro años que dicha Fundación desarrolla el proyecto O'Cambalache, para asistir a estas personas en el Sur de Tenerife, sobre todo entre Granadilla y Adeje, con el objetivo de facilitar apoyo y asesoramiento. Si lo desean las afectadas, también se les muestran caminos para iniciar otra forma de vida y los pasos para que intenten conseguir un nuevo empleo.

Una responsable de esta iniciativa, Rosa María Henríquez Abrante, recuerda que el Archipiélago es un territorio especialmente sensible a este fenómeno, "con un gran consumo de servicios de prostitución, sobre todo en torno a zonas turísticas y de ocio nocturno". Y, de forma paralela, Canarias es también una puerta de entrada desde el Sur a Europa, por lo que también confluyen en esta comunidad mujeres inmigrantes en situación irregular y redes de trata de seres humanos. O'Cambalache lleva a cabo varias acciones, como el acercamiento, la mediación y la inmersión en los recursos sociales de cada zona, así como la prevención y sensibilización social sobre el fenómeno. Aclara Henríquez que la unidad de acercamiento tiene como finalidad contactar con las personas afectadas en calles, clubes de alterne o viviendas y pisos. En 51 salidas en 2019, los técnicos contactaron con 289 personas que ofrecen servicios sexuales. El 99% son mujeres.

Las visitas fueron realizadas a las tres avenidas que, desde hace años, concentran la prostitución en Playa de las Américas en horario nocturno, como son Llanos de Troya, Arquitecto Gómez Cuesta y Barranco del Rey. El trabajo de campo también se hizo en una decena de clubes de alterne y varios pisos o casas. El 68% de las mujeres con las que contactaron trabajan en locales abiertos al público. En estos establecimientos predominan las ciudadanas de Europa del Este. El 18,5% de las víctimas contactadas por el personal de O'Cambalache ejercen en pisos o casas, donde la mayoría proceden de Latinoamérica y, en menor medida, de varios puntos de España. Un 13,5% de quienes accedieron a los servicios de la ong trabajan en la calle, la mayoría nigerianas, de Europa del Este y, en menor medida, españolas. Según Henríquez, el perfil medio son jóvenes, de entre 18 y 30 años. Nueve de cada diez llegan al Sur de la Isla desde otros países. Las estadísticas de O'Cambalache reflejan que más de la mitad (un 51%) son de origen rumano, mientras que un 11,4% proceden de Colombia. También existe un 7,2% de búlgaras, un 6,9% de venezolanas y un 6,2% de nigerianas. El resto está integrado por húngaras, ecuatorianas, cubanas o marroquíes.

La pobreza y la falta de posibilidades de desarrollo personal son otra características de estas personas. Henríquez apunta que "presentan un bajo nivel de estudios, provienen de zonas deprimidas económicamente, con cargas familiares en sus países de origen y todas han sufrido antecedentes de violencia de género o abusos en su infancia, o bien ambas situaciones". Durante los contactos se realizan tareas de información y prevención, tanto con la aportación de consejos breves como de reparto de material de prevención, para evitar prácticas de riesgo. En el 2019, en el citado proyecto se entregaron unas 6.000 unidades de material de protección cedido por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario. Los técnicos recogen las demandas de apoyo social, que realizan estas personas y con el que se trata de romper su aislamiento social. En su recorridos, el personal recoge indicios que permitan detectar que esa mujer puede ser víctima de alguna red de trata. En otros casos, algunas afectadas que han sido atendidas por los cuerpos de seguridad son derivadas a O'Cambalache como recurso especializado en su atención. Las demandas de ayuda fueron atendidas con 380 actuaciones, que permitieron responder a sus principales necesidades, a través de la derivación a recursos sociales, de la Fundación, administraciones u otras ong. ¿Qué reclaman? Asesoramiento en derechos básicos, sanitarios, sociales, ayuda jurídica, soporte emocional e información de carácter laboral. Si alguna está interesada en abandonar la prostitución, desde el proyecto se le ofrece el diseño de itinerarios de intervención e integración sociolaboral. Ante el aumento del consumo de prostitución y pornografía por jóvenes de entre 18 y 24 años, O´Cambalache también programa acciones de concienciación social.

Henríquez recuerda que la Ley Canaria de atención a víctimas de violencia de género reconoce que la prostitución es una forma más de violencia hacia la mujer. Por eso, en institutos de Arona y Adeje también se imparten charlas sobre las consecuencias de la trata con fines de explotación sexual.

Buena parte de las personas que trabajan en la calle, clubes o viviendas particulares son mujeres en situación irregular en España. En su caso, para regularizar su situación deben pasar en el país tres años para lograr el arraigo social y, además, obtener un empleo por cuenta ajena con contrato. La representante de la Fundación Cruz Blanca en este ámbito señala que el último requisito es el más difícil de lograr para las mujeres que ejercen la prostitución. Otra de las características de este fenómeno, desde hace muchas décadas, es la gran movilidad por todo el territorio nacional. Quienes ahora están en un club en Canarias, dentro de algunos meses pueden ejercer en locales de la Costa del Sol, Baleares o la Costa Mediterránea. Es decir, en los principales enclaves turísticos del país. Rosa María Henríquez Abrante también expone la existencia de casos de mujeres que trabajan uno, dos o tres meses en un piso o una vivienda en el Archipiélago y después regresan a su países de origen para llevar sus ingresos. Y, tras un periodo más o menos largo, repiten el ciclo.