El Gobierno aprobó ayer para enviarlo al Congreso el proyecto de ley educativa que lidera la ministra de Educación, Isabel Celaá, con el que se derogará la Lomce y se quitará peso a la Religión a la vez que se eliminará la "demanda social" para poder abrir plazas en los centros concertados. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, acompañaron a Celaá en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para respaldar una norma con la que, subrayaron, no habrá "segregación" del alumno ni en el acceso ni a la salida del sistema educativo. Celaá, que defiende la educación pública como eje vertebrador del sistema, enfatizó que "no se puede segregar a ningún niño por razones socieconómicas u otras causas".
El texto de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) -conocida también como ley Celaá- se aprobó por segunda vez ya que la anterior, el 15 de febrero de 2019, no pudo pasar al Parlamento para su debate tras convocarse elecciones anticipadas. Y aunque ahora hay un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el proyecto mantiene los mismos puntos ahora que el pasado año, algunos de ellos criticados por la oposición y asociaciones y sindicatos de la concertada y de escuelas católicas. Celaá explicó que la asignatura de Religión será de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para el alumnado pero no tendrá asignatura alternativa como ocurre ahora.
El término "demanda social"
Sobre la concertada, la reforma educativa elimina el término de "demanda social" que fija la Lomce para abrir plazas en estos centros a la vez que establece "preferentemente" que se concertará a los centros que no separan por sexo a los estudiantes. Y sobre el castellano señaló que la Lomloe respeta la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional respecto al castellano y se fija que "al final de la enseñanza obligatoria todos los alumnos de este país tendrán conocimiento y capacidad de uso del castellano, lengua oficial del Estado y de la lengua cooficial de su respectiva comunidad conforme al estatuto vigente".
El proyecto de ley es "la primera pieza y piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo, ambiciosa, exigente, de largo alcance, responsable con nuestros menores y su futuro", sostuvo Celaá, que matizó que se hará hincapié en la etapa de 0-3 años.
Unidas Podemos anunció ayer mismo que enmendará en el Congreso la nueva ley de educación que aprobó el Gobierno del que forma parte, y concretamente apunta cambios con el objetivo de que su texto incluya la no subvención del Estado a colegios que "segregan a sus alumnos por sexo". El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, ha asegurado que los dos partidos en el Gobierno están de acuerdo en que esta norma "se pueda mejorar con enmiendas" durante el trámite parlamentario.
"Si se hubiera mejorado antes, se habrían dilatado mucho los tiempos para pedir informes. De esta manera, puede llegar rápido a la Cámara y a partir de ahí estamos de acuerdo en presentar las enmiendas para hacerla mejor", declaró Echenique, en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces. Como ejemplo de estas mejorías, el diputado puso la "no subvención de conciertos en colegios que segreguen", un punto que aparece en el acuerdo de Gobierno de coalición y que, como ha explicado Echenique, "se tiene que cumplir". Preguntado por los periodistas, el portavoz morado insistió en que este tipo de acciones se han hablado en el Gobierno. En concreto, acordaron que en leyes que redacte "una de las partes" de este Ejecutivo, como esta de Educación o la de la Eutanasia, los textos se podrían mejorar "en sede parlamentaria".
La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, anunció por su parte que el Grupo Popular presentará en el Congreso un texto alternativo a la Ley de Educación de la ministra Isabel Celaá que el Gobierno ha aprobado este martes y ha adelantado que su propuesta defiende, entre otros aspectos, la "enseñanza común" en toda España. El texto del Ejecutivo ya había visto la luz verde en el Consejo de Ministros hace ahora un año y Álvarez de Toledo ha lamentado que se presente ahora la misma norma ya que, a su juicio, necesitaba "modificaciones profundas".
