El proyecto de nueva ley de educación, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, provocó ayer disparidad de criterios en la comunidad educativa, ya que si muchos valoran que busque derogar los puntos más criticados de la Lomce, otros creen que no tiene consenso y que trata de quitar peso a la concertada y a la asignatura de Religión. UGT celebró la aprobación de un proyecto de ley de educación que quiere "reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema". No obstante, se mostró crítico respecto al gasto público, que fija el incremento del mismo hasta un mínimo del 5% del PIB cuando lo consideran "insuficiente" porque debería llegar hasta el 7%.
Desde CCOO se valora que se vaya a derogar la Lomce con la ley Celaá, pero se ha pedido mejorar aspectos de la propuesta ya conocida y otorgar protagonismo al profesorado, recuperar la inversión en el sector y restablecer el carácter compensatorio de las becas y ayudas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que para empezar a "negociar" la nueva reforma educativa que plantea ahora el Gobierno, por encima de criterios ideológicos, hay que plantearse una estrategia que vaya a los problemas estructurales de nuestro modelo". De entrada reclama la contratación de 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones para revertir el déficit que se arrastra durante los últimos diez años.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritaria en la concertada y privada, manifestó su decepción al considerar que esta nueva ley no tendrá el respaldo de la mayoría social y política y que "durará lo que dure este Gobierno". Asimismo, las Escuelas Católicas mostraron su "preocupación" ante una ley que "nace sin consenso y limita los derechos de centros y familias". Además, consideran "un error tratar a la concertada como subsidiaria de la pública". Para USO la Lomloe debe incluir la reducción de la carga lectiva "como factor de calidad esencial en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos".
